Un nuevo escándalo político sacude al Gobierno nacional en Colombia tras una denuncia pública realizada por el representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, Daniel Monroy. El congresista señaló de manera directa a la secretaria general de la Cancillería, Gina González Grau, de haber incurrido en presuntas irregularidades al “certificar a sí misma” su experiencia laboral para ocupar el alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del canciller Omar Bula Escobar.
La revelación fue difundida a través de un video publicado en la cuenta oficial de X del legislador, en el cual cuestionó duramente la legalidad de los documentos presentados en la hoja de vida de la funcionaria. Este caso se suma a otras controversias recientes dentro de la administración pública, incrementando el escrutinio sobre los requisitos y nombramientos de altos funcionarios del Ejecutivo.
La maniobra de certificación y las inconsistencias temporales
De acuerdo con los detalles expuestos por el representante Daniel Monroy, la secretaria general Gina González Grau se habría acreditado un periodo de cinco años de experiencia laboral a través de una empresa de su propia propiedad. Según las normativas y los procedimientos regulares para este tipo de trámites, este tipo de certificaciones debieron ser refrendadas de manera externa o ante un notario, y no emitidas por la misma persona beneficiaria.
El núcleo de la denuncia radica en una grave contradicción temporal develada tanto por el congresista como por investigaciones periodísticas complementarias de medios como Caracol Radio. Al indagar sobre la existencia de la sociedad mercantil involucrada, se constató que la firma que respaldó la experiencia de González Grau existió únicamente durante tres años y fue legalmente registrada en el año 2023, a pesar de que la funcionaria pretendía respaldar periodos previos.
Ante esta situación, el legislador interpeló públicamente a la funcionaria con el interrogante: «¿De dónde sacó los otros dos años de experiencia, señora Gina?». Asimismo, la colectividad política del Pacto Histórico exigió explicaciones oficiales y concretas tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como al propio jefe de la cartera, el canciller Omar Bula Escobar, para esclarecer si existió un control riguroso en la validación de los antecedentes de la secretaria general.
Coincidencias con la crisis en el ICBF
El pronunciamiento del congresista Daniel Monroy no ocurrió en un vacío, sino que trajo a colación otra crisis institucional reciente: la polémica protagonizada por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera. La directora del ICBF también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos públicos y denuncias formales por parte de los dirigentes de la Alianza Verde, el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, quienes detectaron presuntas anomalías en los soportes de su experiencia profesional.
En el caso del ICBF, los cabildantes señalaron que el documento que avalaba la trayectoria de Restrepo Cañavera indicaba que laboró desde el año 2002 en una sociedad denominada Restrepo Cañavera S.A.S.. No obstante, los registros oficiales indican que dicha sociedad fue constituida en 2004 y que la funcionaria apareció vinculada formalmente solo hasta 2006, lo que genera vacíos temporales similares a los denunciados en la Cancillería. Adicionalmente, la controversia escaló cuando se descubrió que la firmante de dicha certificación, Érika Jiménez, fue posteriormente contratada en el ICBF mediante una prestación de servicios por valor cercano a los 25 millones de pesos bajo la supervisión directa de la propia directora.
Acciones legales y advertencias institucionales
Frente a la gravedad de los señalamientos, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los sectores políticos denunciantes anunciaron que no descartan acudir de manera inmediata a las instancias judiciales. El representante Daniel Monroy advirtió que si la Cancillería no entrega respuestas satisfactorias y transparentes sobre el caso de Gina González Grau, su colectividad interpondrá las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por presuntos delitos contra la administración pública.
Por su parte, las funcionarias salpicadas han comenzado a estructurar su defensa jurídica. Mientras la directora del ICBF aseguró que delegó su defensa en abogados particulares y afirmó que no abandonará su cargo ni detendrá las auditorías internas en la entidad, en la Cancillería el ambiente permanece tenso a la espera de un pronunciamiento oficial de fondo por parte del ministro Omar Bula Escobar frente a la legitimidad de los nombramientos directivos.
