El impacto derivado del fenómeno telúrico registrado el pasado 10 de agosto de 2026 continúa generando serias repercusiones en el normal desarrollo de las actividades judiciales en la ciudad de Pereira y en el departamento de Risaralda. Las afectaciones estructurales en la planta física del Palacio de Justicia de la capital risaraldense obligaron a las autoridades competentes a adoptar un esquema de contingencia y medidas extraordinarias destinadas a resguardar la vida y la integridad física de los servidores públicos, abogados ejercientes y usuarios del sistema de justicia. Entre las determinaciones operativas implementadas desde la ocurrencia del sismo se destacan la asignación de trabajo en casa, la habilitación de canales virtuales para la atención al público, la creación de despachos de apoyo itinerante y la suspensión de términos judiciales y administrativos.
Tales disposiciones operativas quedaron formalizadas mediante el Acuerdo PCSJA26-12564 del 10 de agosto de 2026, acto administrativo que sufrió una modificación posterior el 12 de agosto del mismo año. De igual manera, las directivas emitieron el Acuerdo PCSJA26-12567, norma a través de la cual se decretó la prórroga de la suspensión de términos hasta el próximo 11 de octubre de 2026 en la jurisdicción de Risaralda y otros territorios. Aunque se ha registrado un levantamiento parcial de esta medida excepcional en determinadas competencias y materias, el gremio de profesionales del derecho advierte que la contingencia está lejos de superarse.
Acumulación de problemáticas y afectación socioeconómica
A la contingencia causada por el deterioro en la infraestructura física se le suma un panorama de alta incertidumbre institucional. Los voceros del sector han señalado que la problemática en la Rama Judicial no solo persiste, sino que muestra una tendencia al incremento. La combinación entre las fallas del inmueble principal y el anunciado recorte de presupuesto proyectado para la administración de justicia amenaza de manera directa el acceso ciudadano a una tutela judicial efectiva, oportuna y transparente.
De igual forma, los litigantes argumentan que esta parálisis administrativa extendida perjudica severamente la estabilidad económica de cientos de profesionales independientes, oficinas de abogados y despachos jurídicos de la región, cuyos ingresos y gestiones dependen del dinamismo procesal diario. Frente a este escenario de estancamiento, diversos sectores del ámbito jurídico manifestaron la necesidad imperiosa de promover acciones pacíficas para defender el adecuado funcionamiento de las instituciones judiciales en el territorio risaraldense.
Reprogramación de la jornada de manifestación pública
En un principio, las organizaciones del sector habían proyectado la realización de una manifestación pública para el lunes 21 de septiembre de 2026. No obstante, mediante comunicación formal remitida a las autoridades político-administrativas y de control de la región el 19 de septiembre de 2026, los convocantes confirmaron que la jornada fue aplazada oficialmente para el lunes 28 de septiembre de 2026, programando su inicio a partir de las 10:00 a.m.
El documento de notificación formal, radicado bajo el amparo de los Artículos 23 y 37 de la Constitución Nacional que consagran los derechos fundamentales de petición y de reunión y manifestación pública y pacífica, fue dirigido a los despachos del Alcalde Municipal de Pereira, el Alcalde Municipal de Dosquebradas, la Policía Nacional de Pereira, la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, la Personería Municipal de Pereira, el Cuerpo de Bomberos de Pereira y la Defensa Civil Colombiana.
El itinerario trazado para la jornada movilizará a los participantes desde el municipio de Dosquebradas hacia el municipio de Pereira. El punto de encuentro fijado por los organizadores es la Estación de Servicio Biomax / Primax Distracom, conocida popularmente como la bomba de gasolina situada al frente de la empresa de confecciones Nicole, en el sector de La Popa de Dosquebradas. Desde ese sitio, la columna de manifestantes avanzará sobre el Viaducto César Gaviria Trujillo, ingresará a la jurisdicción de Pereira tomando la carrera 7ª y continuará su trayecto en dirección al centro de la ciudad hasta arribar a la Plaza de Bolívar, lugar dispuesto como punto final de la concentración.
Exigencia de una mesa interinstitucional de diálogo
Más allá de la movilización pacífica por las vías públicas, los convocantes han elevado una petición concreta orientada a solucionar de fondo la parálisis institucional. Solicitan de manera formal el acompañamiento de los organismos de seguridad y de socorro durante el desarrollo de la marcha, así como la convocatoria inmediata de una mesa intersectorial de trabajo. Según la comunicación suscrita por Gerardo Bernal Montenegro, representante del Colegio de Abogados de Risaralda (identificado con el NIT 900502817-1), esta mesa de concertación debe ser convocada formalmente por la Personería Municipal de Pereira.
El propósito central de dicha mesa es concertar compromisos verificables, responsables y cronogramas de cumplimiento técnico que permitan superar de forma definitiva la emergencia física e institucional. Para garantizar la efectividad de las decisiones, la solicitud exige la participación de actores de alto nivel del orden nacional, departamental y local:
- El Presidente de la República de Colombia o su delegado oficial.
- El Ministro de Justicia y del Derecho o su representante delegado.
- El Gerente del Fondo Milagro para la región.
- El Director Seccional de Administración de Justicia.
- El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
- Delegados directos de la Defensoría del Pueblo.
- El Gobernador del Departamento de Risaralda o su delegado.
- El Alcalde del Municipio de Pereira o su delegado.
- La Corporación Ágora Cívica de Pereira, representada por la Dra. Cristina Escobar.
- El Colegio de la Abogacía Colombiana, representado por Ignacio García.
Con esta solicitud formal, las agrupaciones profesionales y de servidores judiciales buscan instaurar un canal permanente de diálogo que garantice la asignación adecuada de recursos presupuestales, la pronta restauración de la infraestructura física del Palacio de Justicia y el restablecimiento pleno de las garantías procesales para toda la ciudadanía en esta zona del país
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