La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó la apertura de un incidente de medida correctiva en contra de la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca. La decisión judicial responde a la negativa inicial de la funcionaria para permitir el desarrollo de una inspección judicial en las instalaciones del Congreso, diligencia que tenía como propósito verificar la documentación contractual vinculada con Deicy Jiménez, ciudadana que denunció al expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la información conocida sobre el trámite judicial, el alto tribunal citará a Astrid Salamanca para escucharla en descargos y establecer con precisión si su actuación constituyó o no una obstrucción a la justicia. Dentro de este procedimiento, la directiva del legislativo tendrá la obligación de presentar los argumentos y justificaciones que expliquen por qué impidió en un primer momento la práctica de la diligencia ordenada por los investigadores en las oficinas parlamentarias.
El escenario jurídico para la funcionaria contempla consecuencias severas en caso de que sus explicaciones no resulten satisfactorias para los magistrados de la Sala de Instrucción. Si el alto tribunal concluye que existió un bloqueo injustificado a la labor probatoria, se podría ordenar una compulsa de copias tanto en el ámbito penal como en el disciplinario en su contra. En el terreno disciplinario, la normativa aplicable establece que la sanción a imponer por este tipo de conductas puede derivar en una medida de arresto de uno a treinta días.
El alcance penal y la dignidad en el servicio público
El expediente que motivó la visita de los funcionarios judiciales al Capitolio Nacional gira en torno a las denuncias formuladas por Deicy Jiménez y las investigaciones sobre una presunta red de mujeres que habría recibido contratos con entidades estatales a cambio de supuestos favores sexuales. Frente a la relevancia institucional de estas pesquisas, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, fijó previamente la postura sobre el enfoque que deben mantener las autoridades frente a este tipo de señalamientos.
En su pronunciamiento, el magistrado Solórzano subrayó que el eje central de la actuación judicial consiste en esclarecer el manejo de los recursos públicos. Según indicó el jurista, «lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado». Asimismo, el presidente de la Sala Penal enfatizó el estándar ético que rige para quienes ejercen funciones oficiales, recalcando que «los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado».
Avances en las diligencias y material probatorio
De manera paralela al incidente abierto contra la directora administrativa del Senado, la investigación principal sobre los vínculos contractuales y las declaraciones de Deicy Jiménez continúa su curso en distintas instancias judiciales. La denunciante ya ha comparecido formalmente para rendir su testimonio tanto ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como ante la Fiscalía General de la Nación.
Durante su paso por el ente acusador, Jiménez hizo entrega oficial de su teléfono celular, dispositivo en el que, según su versión, se encuentran almacenadas cada una de las pruebas relacionadas con los supuestos encuentros íntimos que habría sostenido con el expresidente Gustavo Petro. Tras cumplir con esa diligencia judicial y en medio de la controversia generada por la difusión de un video junto al exmandatario, la mujer defendió la seriedad de su comparecencia ante las autoridades asegurando que no acudió a las instancias judiciales a «hacer espectáculo».
A este acervo probatorio se suman elementos documentales sobre la gestión administrativa de sus vinculaciones laborales con el Estado. En el marco del seguimiento periodístico al caso, se conoció la existencia de un chat en el que el exmandatario Gustavo Petro habría impartido la orden de mantenerle a Deicy Jiménez un contrato que ya tenía vigente con el Ministerio del Interior. De acuerdo con los registros conocidos, dicha vinculación contractual habría sido efectivamente renovada luego de la solicitud realizada por el entonces jefe de Estado.
La postura de la exsenadora María José Pizarro
El rastro contractual de Jiménez en el Congreso de la República también abarca su paso por dependencias de la mesa directiva del Senado, lo que generó reacciones de figuras políticas vinculadas a esa corporación. Al respecto, la exsenadora María José Pizarro emitió un pronunciamiento oficial mediante un comunicado en el que detalló las circunstancias en las que conoció a la contratista durante el periodo legislativo comprendido entre 2023 y 2024, etapa en la que Pizarro se desempeñó como vicepresidenta del Senado.
En su declaración, la excongresista precisó que conoció a Deicy Jiménez específicamente en calidad de contratista adscrita a la Vicepresidencia de dicha cámara. María José Pizarro sostuvo que el ingreso y las labores desempeñadas por la mujer se ajustaron a los parámetros habituales de la administración pública, afirmando textualmente que «su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral».
Finalmente, la exsenadora Pizarro descartó haber tenido conocimiento previo sobre los hechos denunciados que involucran al exmandatario. En el mismo documento, explicó de manera categórica que «jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente». Asimismo, delimitó el carácter de su cercanía con el exjefe de Estado, puntualizando que «mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico», en el marco de las reacciones surgidas entre mujeres integrantes del Pacto Histórico en el Congreso frente a la denuncia presentada contra Petro.
