En la noche del pasado 11 de noviembre, un ataque armado perpetrado en el municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare, dejó un saldo trágico para la Policía Nacional. El atentado cobró la vida del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas y dejó gravemente herido a un subintendente de la institución. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados se desplazaban a bordo de una motocicleta por el sector urbano, específicamente en las inmediaciones de una gasolinera local, sitio donde fueron sorprendidos por disparos indiscriminados.
De acuerdo con las primeras versiones oficiales entregadas por las autoridades, el patrullero Quintero Caldas habría muerto en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas causadas por los impactos de bala. Por su parte, el subintendente que lo acompañaba resultó gravemente lesionado y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico bajo estricta observación médica. En el mismo episodio desafortunado, una ciudadana que transitaba por la zona también resultó afectada, aunque los reportes médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Rechazo institucional y órdenes de captura
La respuesta de las altas esferas del gobierno nacional no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales en redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, manifestó su solidaridad con los familiares del patrullero fallecido, con el subintendente herido y con toda la institución policial. El primer mandatario fue enfático al señalar que el Estado no permitirá que asesinos impunes crean que pueden arrebatarle la vida a los héroes de la patria sin enfrentar todo el peso de la ley.
En esa misma línea, el jefe de Estado confirmó que ordenó desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia y de investigación criminal necesarias para identificar, perseguir y capturar a los responsables materiales e intelectuales del crimen con la mayor celeridad posible. Las directrices apuntan a cercar la zona y utilizar todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para esclarecer los móviles de este atentado que ha generado consternación en la región llanera.
Medidas locales y consejo de seguridad
Por su parte, el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, condenó de manera enérgica el atentado perpetrado contra los miembros de la fuerza pública en Hato Corozal. El mandatario departamental envió un abrazo de fortaleza y gratitud a las familias afectadas y abogó por mantener una unidad férrea en la sociedad para respaldar de manera irrestricta a la fuerza pública en estos momentos difíciles.
Fuentes cercanas a la Gobernación confirmaron a El Espectador que durante las horas de la mañana de este jueves 12 de noviembre se llevaría a cabo un consejo de seguridad extraordinario. En este espacio de articulación interinstitucional se esperaba anunciar de manera oficial una recompensa económica a cambio de información ciudadana veraz que permita guiar a los investigadores hacia el paradero de los autores del ataque. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades competentes no han confirmado qué estructura armada ilegal estaría detrás de esta acción violenta, por lo que las labores de vecindaje, recopilación de testimonios y análisis de pruebas forenses continúan en marcha en todo el municipio.
