La congresista Andrea Padilla interpeló a las autoridades competentes para que investiguen a fondo un delicado caso de presunto maltrato animal que involucra directamente a la Fundación Universitaria San Martín. Los hechos giran en torno a un felino identificado como Rogelio, un animal que actualmente permanece bajo estrictos tratamientos veterinarios tras presentar un cuadro clínico sumamente complejo. La denuncia, hecha pública recientemente, expone un escenario alarmante sobre las metodologías empleadas en ciertos espacios académicos y prácticos del ámbito veterinario en el territorio nacional.

Según los detalles difundidos por la senadora, el animal habría sido sometido a intervenciones quirúrgicas invasivas en el tórax y el esófago. El propósito principal de dicha práctica habría sido que un grupo de estudiantes de educación superior adquiriera destrezas manuales mediante el uso de un animal vivo. De comprobarse fehacientemente, esta práctica constituiría una flagrante violación a las normas de protección animal vigentes en el país, las cuales prohíben categóricamente infligir sufrimientos innecesarios o utilizar animales vivos bajo métodos que comprometan su integridad sin los protocolos éticos y legales requeridos.

Un estado crítico entre la vida y la muerte

El informe médico detalla que el felino ingresó a la clínica veterinaria especializada el pasado 4 de noviembre, presentando un cuadro clínico crítico caracterizado por vómito, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia aguda. Asimismo, los profesionales de la salud animal constataron la presencia de dos incisiones quirúrgicas y tres heridas adicionales en su cuerpo. Ante la gravedad de las lesiones, el animal requirió la instalación de una sonda para su alimentación, una transfusión sanguínea urgente y una infusión continua de potasio para estabilizar sus constantes vitales.

La senadora Padilla destacó la labor del médico veterinario que asumió la recuperación de Rogelio como paciente, aportando elementos materiales probatorios que ya forman parte de la respectiva investigación judicial. Adicionalmente, el profesional a cargo interpuso una queja formal ante el Tribunal de Ética Veterinaria, instancia encargada de evaluar las posibles faltas graves al ejercicio profesional y deontológico dentro del sector. Testigos del caso señalan que, tras culminar la intervención que dejó al gato en condiciones prácticamente moribundas, la orden inicial era aplicarle la eutanasia, una directriz que fue frenada de manera providencial por uno de los estudiantes presentes, permitiendo que hoy el felino luche por sobrevivir.

Acciones legales y exigencia de protección institucional

La denuncia formal ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que tendrá la labor imperativa de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las sanciones bajo el marco de la legislación nacional, como la denominada Ley Ángel, la cual endurece los castigos contra el maltrato animal en Colombia. Paralelamente, se ha solicitado la intervención directa del Ministerio de Educación para revisar los procedimientos de las instituciones involucradas en esta clase de formación académica.

Por su parte, la Fundación Universitaria San Martín fue consultada por medios informativos, respondiendo que se encontraba trabajando en la emisión de un comunicado oficial para esclarecer lo sucedido. Entretanto, defensores de los derechos de los animales e integrantes del equipo legislativo han enfatizado que Rogelio no debe ser entregado bajo ninguna circunstancia a los estudiantes que lo reclaman, advirtiendo que la prioridad absoluta es salvaguardar su bienestar físico y emocional mientras avanza el proceso judicial.

Finalmente, las alertas institucionales se han extendido ante la posible existencia de cursos de corta duración o programas técnicos informales de auxiliar veterinario que también recurrirían a prácticas irregulares con animales vivos. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar formalmente cualquier irregularidad aportando evidencias sólidas, como historias clínicas o registros fotográficos, sin exponer a los animales a nuevos peligros. La exigencia generalizada sigue siendo una transformación ética profunda en los métodos educativos y, sobre todo, que se haga justicia en el caso de Rogelio.

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