En un contundente despliegue operativo e investigativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) de la Policía Nacional, Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se logró la desarticulación de la red delictiva conocida como ‘Apócrifo’. La organización criminal, con operaciones continuas desde el año 2024, estaba dedicada al tráfico ilegal de migrantes mediante el otorgamiento fraudulento de registros civiles de nacimiento extemporáneos, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos. La redada simultánea se ejecutó en las ciudades de Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Neiva (Huila), resultando en la captura de 15 personas, entre las cuales figuran servidores públicos y líderes logísticos internacionales.
El trabajo articulado contó con el respaldo estratégico de la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de Estados Unidos, entes que colaboraron en el rastreo de los flujos migratorios y el uso de documentación espuria para el ingreso de extranjeros sin visado a países del continente europeo y norteamericano.
El perfil de los capturados y la infraestructura delictiva
Según precisó la Fiscalía General de la Nación, la estructura contaba con roles claramente determinados para garantizar el éxito de las operaciones ilícitas. Entre los 15 procesados se encuentran tres ciudadanos de nacionalidad dominicana, identificados como los principales articuladores logísticos encargados del reclutamiento y contacto de los migrantes en el exterior. Asimismo, las autoridades confirmaron la detención de tres servidores públicos: una funcionaria adscrita a la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y tres auxiliares administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes facilitaban la aceleración y validación de los trámites dentro de los sistemas estatales. Los ocho detenidos restantes corresponden a particulares que actuaban como tramitadores, testigos falsos y facilitadores de logística urbana.
La organización delictiva vendía «paquetes integrales» a extranjeros —principalmente procedentes de República Dominicana— cuyos costos oscilaban entre los 2.000 y los 5.000 dólares. Este valor no solo cubría el pago de los emolumentos ilícitos para la expedición de las cédulas de ciudadanía y pasaportes reales pero tramitados con información falsa, sino también los gastos de traslado hacia Colombia, alojamiento en residencias clandestinas, transporte terrestre intermunicipal y la gestión de citas e inscripciones en las distintas dependencias públicas.
Modus operandi: alteración registral y evasión de filtros migratorios
El esquema de operación de la red ‘Apócrifo’ radicaba en la manipulación del sistema de registro civil colombiano. La banda captaba a los extranjeros en sus países de origen y los trasladaba hacia Bogotá, Barranquilla o Neiva. Una vez en territorio nacional, los miembros de la red utilizaban declaraciones extraprocesales falsas y testigos preparados para certificar el supuesto nacimiento de los adultos en municipios colombianos, logrando así la inscripción extemporánea en el registro civil.
Con el registro en mano, la complicidad de los funcionarios adentro de la Registraduría Nacional permitía la generación rápida de la cédula de ciudadanía. Posterior a ello, los extranjeros eran conducidos a las sedes de expedición de pasaportes, donde obtenían el documento de viaje colombiano auténtico. Al contar con la nacionalidad colombiana en el papel, los migrantes podían adquirir pasajes aéreos y abordar vuelos comerciales internacionales directo hacia España o rutas intermedias con destino a los Estados Unidos, esquivando las exigencias de visado que se aplican a sus nacionalidades de origen.
Como resultado inmediato de las verificaciones administrativas posteriores al operativo, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó la cancelación de 43 cédulas de ciudadanía que habían sido otorgadas de manera irregular bajo este mismo procedimiento fraudulento.
Judicialización y combate frontal a la corrupción institucional
Los 15 capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías en las respectivas capitales donde se registraron las aprehensiones. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. El ente juzgador solicitará la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los principales cabecillas y los funcionarios involucrados.
Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Registraduría Nacional anunciaron el inicio de auditorías internas para identificar posibles brechas en las plataformas biográficas e informáticas que hayan sido aprovechadas por la red criminal. Por su parte, la Policía Nacional y Migración Colombia reafirmaron que mantendrán los esquemas de supervisión en los aeropuertos internacionales del país para prevenir la suplantación de identidad y desarticular a los intermediarios que vulneran la seguridad registral y fronteriza de Colombia.
