La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó formalmente al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a una diligencia de indagatoria programada para el próximo viernes 24 de julio. El llamado judicial se da en el marco de las investigaciones que se adelantan por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y los acontecimientos vinculados a la hacienda Guacharacas.
El expresidente confirmó la notificación judicial a través de su cuenta oficial en la red social X. En su pronunciamiento, Uribe Vélez lanzó severas críticas contra el ente acusador, calificando la decisión como una «revancha política». Según las afirmaciones del exmandatario, la institución judicial «ha complacido al Gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay» y argumentó que el procedimiento carece de pruebas y méritos normativos. Asimismo, sostuvo que la acción responde a una presunta intención del actual presidente de la República, Gustavo Petro, de buscar su detención antes de que finalice el periodo presidencial vigente.
Reacciones encontradas en el ámbito legal
El anuncio institucional generó posturas visiblemente opuestas entre los representantes jurídicos de las partes involucradas en el proceso penal. Por un lado, el abogado Miguel Ángel del Río, quien ejerce la representación legal de las víctimas en este expediente, manifestó públicamente su «satisfacción» ante el llamado emitido por la administración de justicia. El profesional del derecho destacó mediante sus canales digitales que las comunidades afectadas han sobrellevado «muchos años de espera» y defendió de manera enfática la robustez material y la fundamentación del expediente judicial recopilado hasta la fecha.
Por el contrario, la bancada de la defensa técnica del expresidente, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, manifestó su rechazo a los términos de la citación. La defensa argumentó que la Fiscalía Tercera Delegada había concedido previamente una prórroga para la práctica de pruebas solicitadas por el equipo de Uribe, fijando como límite el 3 de julio.
De acuerdo con las declaraciones del jurista, el despacho fiscal procedió a emitir el llamado a indagatoria antes del vencimiento de dicho término, lo cual, a su juicio, afecta la recolección de testimonios y evidencias documentales que calificó como «fundamentales» y «ampliamente favorables» para demostrar la inocencia de su representado. Sectores afines al exmandatario también han cuestionado públicamente que el cronograma de la citación coincida con un periodo de alta sensibilidad política previo a certámenes electorales en el país.
Un expediente judicial que supera las tres décadas
Los hechos bajo estudio prioritario de la Fiscalía General de la Nación se remontan a más de 30 años atrás, época en la que Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia. De acuerdo con el registro histórico e institucional, la masacre de La Granja se perpetró el 11 de junio de 1996, mientras que la incursión violenta en el corregimiento de El Aro tuvo lugar el 22 de octubre de 1997. Ambas acciones delictivas colectivas fueron ejecutadas de manera directa por las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
A estos eventos se suma el homicidio de Jesús María Valle, renombrado defensor de derechos humanos en la región, quien fue asesinado en la ciudad de Medellín el 27 de febrero de 1998. Valle había formulado reiteradas denuncias públicas acerca de las incursiones de las estructuras armadas ilegales en los municipios antioqueños y había exigido de forma vehemente a las autoridades civiles y militares la protección de las poblaciones civiles vulnerables.
El radicado judicial también agrupa las líneas de investigación concernientes a la hacienda Guacharacas, un predio que perteneció históricamente al núcleo familiar de los Uribe en la jurisdicción de San Roque, Antioquia. La hipótesis que sostiene formalmente la resolución de la Fiscalía plantea que en dicha propiedad operó inicialmente un grupo de seguridad privada y control territorial que, de acuerdo con los indicios, sirvió como base para la posterior consolidación y expansión del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo esta tesis, el ente investigador imputa que el entonces mandatario seccional presuntamente promovió y otorgó facilidades logísticas o institucionales para el funcionamiento continuo de dicha organización criminal.
Transición de competencias y panorama procesal
La competencia del caso fue asumida por la justicia ordinaria a partir del año 2020, luego de que Álvaro Uribe Vélez presentara su renuncia formal a la curul que ocupaba en el Senado de la República. Esta dimisión conllevó la pérdida automática de su fuero parlamentario, obligando el traslado inmediato de la competencia desde la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hacia los despachos de la Fiscalía General de la Nación.
La fiscal delegada, Marcela Abadía, reactivó el curso de las actuaciones procesales y procedió a firmar la resolución de apertura de instrucción el 18 de junio del presente año, reactivando formalmente un expediente de alto impacto nacional.
La comparecencia fijada para el 24 de julio representará la primera ocasión formal en que el expresidente deba rendir una declaración indagatoria ante la Fiscalía por el presunto delito de paramilitarismo y las masacres mencionadas. De forma paralela, el panorama procesal de Uribe Vélez mantiene otro frente abierto en el ámbito judicial, dado que la Corte Suprema de Justicia tiene bajo estudio el recurso de casación en el proceso penal independiente por presunto fraude procesal y soborno de testigos, caso en el cual el dirigente político cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia y un fallo absolutorio emitido en la segunda etapa del proceso.
