A 90 días de la tragedia del 10 de agosto de 2026, que dejó a 778.281 personas damnificadas, más de 255.000 viviendas afectadas o destruidas y 5.309 sedes educativas en ruinas, los resultados de la reconstrucción son, sencillamente, una burla para las regiones.
El 3er Informe de Seguimiento Transparencia Reconstruye, publicado este 9 de noviembre por Transparencia por Colombia (TPC), desnuda una gestión estatal marcada por anuncios grandilocuentes, un agujero negro en la trazabilidad de los recursos y una alarmante ausencia de ejecución real en los territorios.
Mientras los afectados esperan soluciones concretas, el Gobierno Nacional parece más preocupado por construir castillos en el aire y blindar su contratación contra el escrutinio público.
Los hechos documentados en el informe son irrefutables:
- El «Fondo Milagro», un cascarón vacío y opaco: Se anunció con bombos y platillos que este patrimonio autónomo operaría desde el 7 de octubre con cerca de un billón de pesos, pero a tres meses del sismo no registra ni un solo contrato derivado en SECOP. Su página web oficial sigue vacía y sin información pública.
Peor aún, su Consejo Directivo aprobó a puerta cerrada los manuales operativo y de contratación sin hacerlos públicos, escondiendo las reglas con las que se repartirán los recursos. Como si fuera poco, se establece una vergonzosa excepción que permite ocultar la información contractual en SECOP hasta por 20 días hábiles, abriendo una autopista para la opacidad y los sobrecostos. Y es admistrado por un señor sin estudios ni experiencia gerencial.
- ¿Dónde están los $377.000 millones de la UNGRD?: El Gobierno asegura que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya ejecutó cerca de $377.000 millones en apoyos económicos. Sin embargo, en los sistemas públicos de contratación no aparece un solo registro de la UNGRD, ni del FNGRD, ni de FONVIVIENDA asociado a la emergencia. No se sabe qué se compró, quién ejecutó el dinero ni quiénes fueron los beneficiarios. La trazabilidad es cero.
- La carga recae sobre los municipios mientras la Nación brilla por su ausencia: Del total de 1.099 contratos registrados en SECOP (por $265.088 millones), el 97,1 % han sido firmados por entidades territoriales —alcaldías y gobernaciones— raspando sus propios y escasos presupuestos (que financian el 59 % de la contratación). El Ejecutivo Nacional apenas responde por un ridículo 2,3 % de los contratos.
- Feria de contratación a dedo y desviación de etiquetas: El 84 % de los recursos contratados ($227.378 millones) se han entregado mediante contratación directa, abusando de la figura de la «Urgencia Manifiesta» incluso tres meses después del evento para contratar servicios profesionales de apoyo.
Además, el desorden en la planeación es tal que, de 20 proyectos de inversión registrados por $12.300 millones, ninguno reporta avances físicos ni financieros. Para colmo, se está utilizando el marcador «Emergencia 2026» para colar proyectos que nada tienen que ver con el terremoto, como un festival de danzas en Aracataca (Magdalena) o unidades sanitarias en Ubaque (Cundinamarca).
- Un abismo financiero sin respaldo: El costo estimado de la reconstrucción pasó de $30 billones a $58,29 billones en el Plan de Acción Específico (PAE) nacional, pero el Presupuesto General de la Nación para 2027 (Decreto 1599 de 2026) no asignó una sola partida concreta ni una cuantía definida, limitándose a autorizar el traslado de saldos sobrantes de otras fiducias.
Tampoco se ha verificado el ingreso real de los $826.000 millones prometidos por el Ministerio de Vivienda, ni se conocen los planes de acción de la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías afectadas.
LLAMADO URGENTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
La reconstrucción no puede convertirse en un nuevo escándalo de corrupción ni en un monumento a la ineficiencia administrativa. Ante la gravedad de estos hallazgos, exigimos una intervención inmediata y contundente:
- A la Contraloría General de la República: Realizar un control fiscal concomitante y preventivo de manera urgente sobre los $377.000 millones que la UNGRD afirma haber ejecutado sin rastro en SECOP, así como auditar la contratación directa bajo urgencia manifiesta en los municipios y depurar los proyectos falsamente etiquetados bajo el marcador «Emergencia 2026».
- A la Procuraduría General de la Nación: Abrir investigaciones disciplinarias contra los funcionarios del Ministerio de Hacienda, Fiducoldex y el Fondo Milagro que mantienen ocultos los manuales de contratación y operación, violando los principios de publicidad y transparencia consagrados en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2195 de 2022.
- Al Congreso de la República y a la Comisión Accidental Bicameral: Ejercer un control político real y dejar de ser espectadores de presentaciones sin sustento. El Legislativo debe exigir la derogatoria inmediata del artículo 74 del manual de contratación del Fondo Milagro que permite ocultar contratos por 20 días, demandar la publicación íntegra de todos los Planes de Acción Específicos territoriales y obligar al Gobierno Nacional a definir fuentes reales y trazables para financiar los $58,29 billones que exige la recuperación del país.
Las víctimas del terremoto no viven de anuncios presidenciales, ni de tableros de inteligencia artificial inexistentes, ni de fiducias secretas. Exigimos transparencia total, ejecución inmediata y cero tolerancia con el ocultamiento de los recursos públicos.
Atte. Veeduría Cívica Armenia y Quindío.
