Por: Aurelio Suárez Montoya
En la Comisión Séptima del Senado, la senadora Claudia Margarita Zuleta hizo un debate de control político sobre el Fomag, el fondo de seguridad social del magisterio. Concluyó que su estado es desastroso.
Recordó lo prometido en el Gobierno Petro a los afiliados del Fomag con el nuevo modelo de salud: sin intermediarios, libre elección de IPS, continuidad en los tratamientos y prevención y cobertura nacional. Con esas metas, cambió a 10 operadores regionales anteriores.
por 2.500 IPS, con la unidad de pago por afiliado (UPC) 62,67 por ciento más alta que la general. “Irá a donde quiera”, dijo el exministro Jaramillo, al trasladarle el riesgo en salud a cada docente.
Tras 27 meses, los resultados, comparados con los de 2023, confirman la catástrofe. El gasto total y por afiliado se triplicó, y se cuadruplicó el valor recibido; las cuentas por pagar aumentaron al triple, las quejas y los reclamos (PQRS) crecieron un 50 por ciento y el patrimonio es 7,8 veces más negativo.
A pesar de ese mayor gasto, las brechas en la atención frente al sistema general son apreciables. En el Fomag corren 116 días entre la sospecha y el tratamiento de cáncer de cuello uterino, mientras que con las EPS son 95, y el diagnóstico y tratamiento de próstata en el régimen general demora 72 días, en tanto son 82 para el magisterio.
Se revelaron hallazgos hasta penales, se evidenció un gasto administrativo explosivo por 861.487 millones de pesos en 27 meses, y el alza de los costos de los servicios y medicamentos pasó del 100 al 273 por ciento; asimismo, se evidenció un faltante de caja para cubrir lo causado desde agosto y el traslado insuficiente por 1,17 billones del fondo de pensiones y de otras líneas del Fomag al de salud. El presidente de la Fiduprevisora contó que, excepto una IPS con contrato, hay 2.300 que cobran a placer, sin parámetros. Un total despelote.
Sin embargo, como en algunas historias, hay líderes anónimos que advierten la catástrofe, pero son desechados. Dimas Andrés Arias, profesor de Quimbaya (Quindío), desde noviembre de 2023 empezó a expresar en medios y redes, con una decena de firmantes en carta abierta, los temores por el derrumbe del Fomag, avizorado desde cuando Petro quiso volverlo empresa comercial del Estado y exponer 14 billones de pesos del ahorro pensional y el recaudo anual por salud.
En marzo de 2024, Arias y más docentes alertaron a la junta de Fecode por la iniciativa de la Fiduprevisora de trasladar los pagos a la Adres y, en junio de 2024, con el funesto nuevo modelo, conformaron la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud, que rechazó el acabose de las rutas de atención exclusivas para el magisterio, el entierro del régimen especial y la feria de recursos.
En octubre de 2024, la Veeduría deploró la pérdida del conocimiento de la incidencia y la prevalencia de las enfermedades propias de la docencia. En marzo y abril de 2025, los maestros del Quindío y algunas regiones exigían convocar un paro como mecanismo para defender el derecho a la salud. En julio, en concordancia, la Contraloría publicó desaguisados en el manejo del Fomag con entidades ficticias hacia las que se desviaba dinero y contratos irregulares sin auditoría ni soportes, secuela del esquema petrista.
En septiembre hubo paros de 72 horas en el Eje Cafetero y de 48 en Norte de Santander, en contraposición a la dirección de Fecode, persistente en defender el destructor invento petrista. La Veeduría, al contrario, exigía la reposición de 5 billones de pesos en sobrecostos.
El 30 de octubre, el comité de Fecode se vio forzado a convocar un paro de 24 horas que orientó contra la Fiduprevisora. En noviembre, la Veeduría denunció la pérdida en el patrimonio del Fomag de 2 billones y la falta de liquidez por otros 3, hechos que, en abril de 2026, reconfirmó la revisoría fiscal.
El desastre del Fomag, corroborado en el debate de la senadora Zuleta, no tuvo el silencio de todos los profesores de Colombia; hubo voces radicales –como la de Dimas Arias– que lo confrontaron, desoídas por las directivas de Fecode, en donde predominaron los compromisos con Petro a cambio de canonjías, que ahora algunos disfrutan como parlamentarios. Cometieron el mayor error sindical en décadas.
