El Tribunal Administrativo de Norte de Santander ha tomado la determinación de dejar sin efecto las sanciones económicas que pesaban contra el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, y otros cuatro altos directivos de la entidad. Las multas originales habían sido impuestas por un despacho judicial bajo el argumento de un presunto desacato a una orden relacionada con el Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026.
El fallo de segunda instancia y los fundamentos jurídicos
La providencia fue adoptada en segunda instancia al resolver el grado de consulta de la sanción inicial dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta. Dicho despacho había sancionado a cada uno de los funcionarios con el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, debido a que consideraban que no se había cumplido materialmente la orden de reactivar el concurso de méritos.
Junto al contralor Laverde, las sanciones iniciales cobijaban a Francisco José Chaux Donado (vicecontralor general), Elizabeth Monsalve Camacho (gerente de Talento Humano), Miguel Ángel Mancera Villa (director de la Oficina Jurídica) y Julieth Andrea Capera González (directora de Carrera Administrativa y secretaria técnica del Consejo Superior de Carrera Administrativa).
No obstante, el Tribunal determinó que el vencimiento del plazo inicial de 48 horas no bastaba por sí solo para atribuir responsabilidad subjetiva o concluir que existió una conducta negligente o caprichosa por parte de los investigados. Basándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la corporación recordó que queda eliminada la presunción de responsabilidad por el simple hecho del incumplimiento de una decisión judicial. Asimismo, se advirtió un error procesal al no haberse vinculado formalmente al contralor Laverde dentro del trámite del incidente de desacato, lo que afectó su derecho de defensa.
Nueva tutela y panorama del concurso de méritos
A pesar de que las sanciones económicas fueron revocadas, la orden de fondo de reactivar el proceso de selección de los 3.144 cargos sigue en firme. Ante este escenario, la Contraloría abrió un frente judicial paralelo al presentar una acción de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, buscando que se admita una impugnación que previamente había sido rechazada por considerarse extemporánea.
Por su parte, diversos participantes y organizaciones ciudadanas han manifestado su inquietud respecto a la vigencia contractual con la Universidad de Antioquia y la disponibilidad presupuestal, dado que el plazo del contrato interadministrativo original vencía a finales de diciembre de 2026, lo cual genera interrogantes sobre la culminación de las últimas etapas del cronograma previstas para el año 2027.
