Por: Sandra Paola Hurtado Palacio
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el trámite de investigación número 2026204303198811 tras recibirse denuncias sobre posibles actuaciones irregulares en torno al monumento Los Aborígenes, ubicado en una glorieta pública de Armenia. La actuación judicial busca esclarecer denuncias presentadas por presunta usurpación de funciones públicas y contratación estatal sin el cumplimiento estricto de los requisitos de ley.
La obra artística, atribuida al maestro Andrés Ribón, fue instalada en el espacio público mediante procesos de cimentación e ingeniería antes de haberse perfeccionado formalmente algún tipo de contrato de donación entre la administración local y las partes intervinientes.
Incertidumbre y falta de representación formal
La polémica involucra al ciudadano Oscar Marín, a quien se le identificaba mediáticamente como gestor de la iniciativa. Sin embargo, la propia Fundación IQD ha aclarado que, aunque Marín participó en la difusión de la propuesta, la entidad no le había otorgado representación legal formal. Por su parte, la dirección de Corpocultura y dependencias de la Alcaldía de Armenia han señalado que tampoco existe autorización administrativa o delegación alguna para ejercer funciones públicas a nombre del municipio.
«Un particular terminó ejerciendo presuntamente funciones públicas que nadie le delegó formalmente», se detalla dentro de las observaciones analizadas por el ente investigador.
El pronunciamiento oficial emitido a raíz de los derechos de petición formulados muestra que no existían acuerdos legalmente perfeccionados en el momento de la ejecución técnica:
- La obra se cimentó, transportó e instaló sin registro o publicación previa en la plataforma estatal SECOP.
- Tampoco se adelantó en su momento la correspondiente verificación de la propiedad intelectual ni el avalúo comercial exigido por la normativa.
Irregularidades contractuales en la lupa judicial
De acuerdo con el documento de ampliación de denuncia radicado ante la Fiscalía 13 de Armenia, las inconsistencias sugieren la existencia de contratos estatales que no habrían cumplido los requisitos legales establecidos en la norma contractual pública.
Aunque el proyecto se presentó inicialmente bajo el ropaje de un contrato de donación en beneficio de la ciudad, los documentos constatan que los procesos de cimentación, movilización de maquinaria pesada e instalación en la Rotonda Aborígenes precedieron a los trámites administrativos básicos.
Las autoridades judiciales competentes continuarán recopilando las pruebas correspondientes para deslindar responsabilidades frente al uso del espacio público y la gestión institucional del municipio.
