La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha proferido un llamado oficial a indagatoria en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. La medida judicial, dictada en el marco de una resolución fechada el 17 de junio de 2026, vincula formalmente al exmandatario por su presunta responsabilidad en la conformación, facilitación y expansión de estructuras armadas organizadas al margen de la ley durante su periodo como gobernador del departamento de Antioquia.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el ente acusador, los delitos que motivan la apertura formal de esta instrucción corresponden a las conductas de concierto para delinquir agravado e homicidio en persona protegida.
El propio exmandatario confirmó la notificación a través de sus canales digitales, señalando que sus apoderados judiciales fueron informados sobre el requerimiento de la justicia. El expediente agrupa investigaciones de gran relevancia para la historia reciente del conflicto armado en Colombia, centradas específicamente en las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y los eventos acontecidos en el entorno de la Hacienda Guacharacas.
Omisión de medidas de protección y la posición de garante institucional
El cuerpo de la resolución judicial detalla el marco factual de los hechos perpetrados en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia. La hipótesis central de la Fiscalía Tercera Delegada sostiene que, durante su gestión como gobernador, Álvaro Uribe Vélez poseía pleno conocimiento acerca de los inminentes riesgos de afectación que sufría la población civil ante las incursiones de las estructuras paramilitares. La justicia subraya que, a pesar de las advertencias recurrentes, la administración departamental omitió el despliegue de las medidas preventivas y de protección requeridas, quebrantando así la posición de garante institucional que le correspondía por mandato constitucional.
El impacto de estas omisiones se ve reflejado en dos de los episodios más violentos registrados en la región:
- Masacre de La Granja: Ejecutada el 11 de junio de 1996, la cual dejó un saldo de cuatro personas asesinadas a manos de grupos armados ilegales.
- Masacre de El Aro: Perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. En este corregimiento de Ituango, facciones paramilitares asesinaron a dieciséis personas, secuestraron a otras diecisiete, destruyeron viviendas mediante incendios provocados, ejecutaron el hurto masivo de cabezas de ganado y forzaron el desplazamiento definitivo de la totalidad de sus habitantes.
La providencia señala textualmente que el entonces Gobernador contaba con la capacidad técnica y el deber legal de mitigar la incursión armada y proteger la integridad ciudadana, acciones que, según el material probatorio, no fueron ejecutadas.
La Hacienda Guacharacas y los orígenes del Bloque Metro
El segundo eje fundamental de la instrucción se enfoca en el predio denominado Hacienda Guacharacas, una propiedad perteneciente a la familia Uribe Vélez para la época de los acontecimientos. La Fiscalía General de la Nación indica que existen elementos de juicio para inferir la participación del expresidente en un acuerdo orientado a promover y estructurar un grupo de autodefensas que operó inicialmente desde dicha finca. Esta facción armada ilegal consolidaría con el tiempo sus operaciones bajo el nombre de Bloque Metro.
Bajo esta línea de investigación, la conducta penal se encasilla en el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor. La resolución vincula directamente el accionar de este bloque ilegal con la ejecución de dos incursiones armadas y masacres cometidas en jurisdicción del municipio de San Roque, Antioquia, los días 13 de junio y 17 de septiembre de 1996. Las conclusiones preliminares de la Fiscalía argumentan que el presunto acuerdo para conformar dicha organización perduró en el tiempo e incrementó los niveles de riesgo para la seguridad pública en el territorio antioqueño.
El silenciamiento de denuncias y el trámite procesal
El llamado a indagatoria también abarca el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, destacado defensor de derechos humanos, ultimado el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellín. Valle se había convertido en una voz crítica debido a sus constantes denuncias públicas y requerimientos de amparo institucional ante las masacres de La Granja y El Aro. Su homicidio es investigado dentro del mismo radicado. La inclusión de este caso responde, en parte, a las declaraciones aportadas en justicia transicional por exjefes paramilitares como alias Don Berna, quienes señalaron nexos con el crimen, señalamientos que el expresidente Uribe ha desestimado y negado de manera reiterada en diferentes escenarios judiciales.
Este proceso cuenta con un extenso recorrido en los despachos judiciales del país. La primera indagación previa de carácter penal fue abierta el 16 de mayo de 2000, para posteriormente ser archivada el 28 de diciembre de ese mismo año. Años más tarde, en septiembre de 2011, la investigación fue reactivada tras recibir un impulso procesal originado por una comunicación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. La actual determinación de la Fiscalía formaliza la etapa de instrucción y sitúa el caso en una fase definitiva, más de dos décadas después de sus primeras actuaciones en el sistema judicial de Colombia.
