La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y otros seis funcionarios y exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la operación del embalse de Urrá, en Córdoba, que habrían derivado en inundaciones en la cuenca del río Sinú a comienzos de 2026.
La decisión del ente de control se da tras una actuación preventiva en la que se recopiló información sobre las medidas adoptadas frente al manejo de la hidroeléctrica. Con base en ese análisis, la Procuraduría busca establecer si hubo fallas en la supervisión, control y cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con este proyecto energético.
Según el documento que da apertura a la investigación, existirían indicios de una operación inadecuada por parte de Urrá S.A. E.S.P., con posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental y de las reglas de operación del embalse. En particular, se advierte que se habría priorizado la generación de energía eléctrica sobre la regulación de caudales, lo que habría incrementado el riesgo de inundaciones.
El ente de control también puso la lupa sobre la gestión del riesgo de desastres, al señalar que las decisiones adoptadas no habrían sido oportunas ni suficientes para prevenir la emergencia. De acuerdo con la Procuraduría, los riesgos asociados al comportamiento del embalse ya estaban identificados, lo que refuerza la hipótesis de posibles omisiones en la toma de decisiones.
En el caso de la ANLA, se investiga una presunta omisión en el deber de vigilancia y control, así como una actuación que habría sido tardía y reactiva frente a incumplimientos que ya habían sido advertidos. La investigación también incluye el análisis del cumplimiento de la Curva Guía Máxima, un parámetro técnico clave para mantener niveles seguros del embalse ante eventuales crecientes.
Junto a Vélez, fueron vinculados al proceso funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y directivos de la empresa Urrá. En estos casos, se evaluará si las actuaciones de cada entidad fueron suficientes para prevenir o mitigar los efectos de la emergencia.
Sobre la Superintendencia, la Procuraduría examina si, pese a tener conocimiento de posibles irregularidades en la operación del proyecto, no se adoptaron medidas oportunas. Asimismo, se revisa el papel de la CVS en el control de intervenciones en zonas ambientales sensibles, como humedales asociados al sistema hídrico.
El proceso se encuentra en etapa inicial y tiene como objetivo determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. Por ahora, no hay conclusiones definitivas, pero la investigación abre un nuevo frente de análisis sobre el control institucional a proyectos energéticos y la gestión del riesgo en escenarios de alta vulnerabilidad ambiental.
