Gobernador Víctor Manuel Tamayo y secretario de salud, Javier Darío Marulanda Gómez, lamentable que Risaralda sea uno de los tres departamentos más violentos para la mujer, que en este momento no haya un sitio para albergarlas, apoyarlas y protegerlas, que en 2020 no usaran los cientos de millones que envió el Ministerio de Salud, que se acaban este año y los 595 millones de 2021 al igual que los de 2020 deban reintegrarlos al Ministerio, que no haya ni claridad ni ética en el manejo de esta situación con fundaciones, ¿cómo usan una fundación para obtener estos recursos en Bogotá y luego la sacan del proyecto? No entiendo cómo señor Gobernador, usted que se distingue por su sentido humano, hoy esté a punto de perder recursos tan valiosos que se necesitan para atender a las mujeres violentadas del Departamento, ¿o volvemos a lo que denuncié en la época del exgobernador Sigifredo Salazar, que promocionaba una línea de atención que nunca funcionó? Vamos para dos años de su gestión y las mujeres violentadas están solas, marqué a la famosa línea que usted promociona 302 2907489… Nadie contesta, y aún siguen llegando mujeres golpeadas a la puerta de la Fiscalía en Pereira y las devuelven con la instrucción de mandar un correo, regresando frustrada, golpeada y desatendida a casa, con su agresor. Aún llegan mujeres a la comisaría y les dicen «vaya a otra que aquí no es», o «venga mañana que el comisario no está». Gobernador, son casi 3.000 casos denunciados por año sin contar los que no sabemos.
¿Gobernador Tamayo, contamos qué sucedió con la fundación que les sirvió para conseguir los recursos en Bogotá, pero luego los jurídicos de Salud le dieron esquinazo? Procuradora Margarita Cabello Blanco, si hay una línea especial para la prevención de violencia intrafamiliar y de género, y de violencia contra la mujer, debe intervenir sobre la evidente omisión de la secretaría de salud de Risaralda, y verificar que no hay un sitio de albergue solo para mujeres maltratadas y vulneradas.
Esto contestó el Ministerio: «la Secretaría de Salud de Risaralda no reportó al Ministerio de Salud ninguna medida de atención implementada a favor de las mujeres víctimas con cargo a los recursos asignados», esto porque no los usó durante 2020, pero estoy seguro que en ese año pasaron de 2.500 los casos de violencia contra la mujer, ya que fue el encierro por la pandemia y en todo el país se incrementaron estos casos por la cantidad de horas de confinamiento.
En tres años 6.084 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en Risaralda (sin contar los casos no denunciados)
Una línea mentirosa que nadie atiende
El Ministerio de Salud giró en marzo de 2021 $595.990.492 a la Secretaría de Salud de Risaralda
Recursos que aún están en bancos mientras el desfile de mujeres golpeadas y asesinadas aumenta.
Con destinación específica para atender la violencia contra la mujer
Comunicado a la opinión pública de Eje Vida para la implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en Risaralda
«Eje Vida para la implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en Risaralda. Desde la sociedad civil y de cara a las preocupaciones que moviliza la voluntad de las mujeres participantes del Eje Vida para la implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en Risaralda, decir que es menester en esta oportunidad reiterar que persisten graves fallas en las rutas de atención a las mujeres víctimas de violencias, fallas que claramente se mantienen más por negligencia institucional que imposibilidad jurídica y técnica.
Recientemente el ministerio de salud en comunicados nacionales sitúa al departamento de Risaralda como uno de los tres más violentos contra la mujer, sin embargo, extrañamente las cifras oficiales de la policía nacional nos dicen que por el contrario las medidas de protección dictadas por los comisarios de familia van en descenso, y más extraño aun es que en la mayoría de los municipio en los últimos 4 años no se ha dictado una sola medida de protección; no significa ello que no existan mujeres violentadas, sino más bien un grave defecto en la ruta de atención. Mucho se habla de políticas públicas de equidad de género, se dialoga y se teoriza demasiado, hay reuniones y comités por doquier, pero poco se hace desde la gestión práctica en las instituciones.
La ley 1257 de 2008, se ha convertido en un CLICHÉ de moda, se habla mucho de la misma pero poco se la entiende y poco se aplica en las actuaciones judiciales y administrativas, esta afirmación no es teoría, tiene sustento, pues aún siguen llegando mujeres golpeadas a la puerta de la fiscalía en Pereira y la devuelven de la puerta con la instrucción que mande un correo debiendo regresar frustrada, golpeada y desatendida a casa con su agresor, aún llegan la mujeres a la comisaría y le dicen vaya a otra que aquí no es, o venga mañana que el comisario no está, o peor si es sábado o domingo no hay quien la atienda a pesar que la ley 2126 de este año exige atención 24 horas al dia y 7 dias a la semana; siguen sancionando a mujeres por defenderse, aun la policía de cuadrante sigue sin brindar protección a las mujeres golpeadas como lo ordena la ley 294 de 1996, aunque conozcan de los hechos en flagrancia y como si fuera poco, le imponen un comparendo de código de policía por estar inmersa en una riña desacatando lo ordenado por la corte constitucional en sus múltiples sentencias, desconociendo que ella es la víctima y como si fuera poco los inspectores y corregidores fallan en segunda instancia en contra de la mujer este mismo asunto por carencia de enfoque de género.
Hoy tenemos que levantar la voz y exigir un cambio en los modelos de atención que hacen de esta realidad de las violencias un problema de no acabar, por lo tanto.
1. Exigimos priorización inmediata en la contratación de los equipos de apoyo psicosocial de Comisarías de Familia del departamento en especial en la ciudad de Pereira y Dosquebradas.
2. Reclamamos una atención por comisarios de familia 24 horas al día 7 días a la semana como lo dicta la ley en especial en Pereira y Dosquebradas.
3. Pedimos acciones eficientes de los Personeros municipales en sus funciones de vigilancia y control en los municipios frente al desempeño de los comisarios y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los municipios, recordándoles que los derechos de la mujer son derechos humanos y les corresponde obrar con prontitud en su defensa.
4. Exhortamos a la Fiscalía Seccional de Risaralda para que active una ruta de atención de CAVIF presencial 24/7 pues en la actualidad devuelven a las víctimas desde la puerta.
5. Conminamos al Gobierno Departamental en cabeza del señor gobernador Víctor Manuel Tamayo poner fin a la incapacidad administrativa de su gobierno, que no permite la garantía de las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias en el departamento, a pesar de que el ministerio de salud trasfirió cuantiosos recursos para garantizar dichas medidas y a la fecha no ha sido posible, hoy hay cerca de 600 millones de pesos con destino a las medidas de atención y siguen engavetados en la secretaria de salud desde el año pasado.
6. Solicitamos al señor gobernador conmine al secretario de salud departamental, estudiar, analizar y entender el ordenamiento jurídico de las medidas de atención, para que su gestión precaria frente a las víctimas no sea una re victimización institucional más y obre con celeridad y claridad suficiente para la optimización de los recursos destinados a las medidas de atención para las víctimas como lo ordena la ley.
7. Exigimos del señor gobernador la casa refugio y casa hogar para medidas de protección y medidas de atención pues a la fecha no existe en el departamento dicha atención.
8. Solicitamos en un abrazo fraterno a las bancadas de mujeres de los Concejos Municipales y de la Honorable Asamblea Departamental de Risaralda, se tramiten los debates de esta problemática en sus territorios y en departamento.
Entendemos que esta situación no es resultado de un modelo violencia patriarcal del Estado, sino que obedece a una carencia de diligencia administrativa en todos los campos de la gestión pública territorial, donde se privilegian las obras de cemento por encima de la atención de la población vulnerable. Debemos reconocer que el único responsable de prevenir, erradicar y sancionar las violencias de género es el Estado en cabeza del gobernador y los alcaldes en sus territorios, así como de la justicia en lo suyo.
Por todo ello y encontrando claras las falencias de las gestiones estatales frente al tema, les invito a estimar la conveniencia de acompañarme en la conformación de una mesa de trabajo que por fuera de la participación estatal, podamos desde la sociedad civil, la academia, hombres, mujeres, personas con identidades de genero diversas y organizaciones, elaborar y documentar el diagnostico situacional de la negligencia e incumplimiento estatal y proceder a instaurar acciones legales buscando el cumplimiento del ordenamiento jurídico que garantice no solo una tutela judicial efectiva y si no las medidas de protección y atención que merece y necesita la mujer Risaraldense.»
