Una noticia que conmociono el país estos últimos días fue el asesinato del director de la cárcel la modelo, a pesar de que una persona presa, en teoría, pierde sus derechos civiles, oportunidades y contactos con el exterior, parecen inverosímiles la cantidad de historias que surgen al interior de las prisiones con la cantidad de negocios al margen de la ley y el poder de algunos reclusos (incluso) por fuera del centro penitenciario, pero, por desgracia, el sistema es suficientemente ineficaz, permitiendo este tipo de sucesos, que como dato adicional, en este año ya son cinco los funcionarios del que han sido asesinados, agravando y cuestionando los métodos y practicas al interior de los centros penitenciarios.
Además, ya se había manifestado con anterioridad por parte del coronel Daniel Gutiérrez la emergencia carcelaria que se está viviendo en Colombia, puesto que durante los últimos dos años la institución encargada de vigilar los centros penitenciarios (INPEC) ha recibido un total de 550 amenazas directas para sus funcionarios, pero como lo mencionó también el coronel Gutiérrez, económicamente es imposible para el instituto brindarle vehículos blindados o esquemas de protección a sus funcionarios.
Esto abre un debate interinstitucional, puesto que la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de escoltar a personas que pueden tener en riesgo su vida en todo el territorio nacional, manifestó que la protección del exdirector de la cárcel estaba a cargo del INPEC, que como ya mencionamos, presente insuficiente solvencia económica (presupuestal) para hacerse cargo de dicha seguridad, asi que, no hay quien se encargue de vigilar y proteger la vida de los encargados de imponer orden y control al interior de los centros penitenciarios, desconociendo los riesgos que sostienen aquellos que trabajan rodeados de las personas que menos aportan al crecimiento del estado colombiano.
Así como se mencionó arriba, con el director de la Modelo, ya son cinco los funcionarios de esa institución penitenciaria asesinados este año. El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que el Ministerio de Justicia no ha adoptado las acciones necesarias para evitar esta oleada de violencia, a pesar de las advertencias hechas por la Procuraduría al respecto desde marzo pasado.
Sarmiento hizo un llamado a MinJusticia y a la dirección del INPEC para intensificar los controles a las personas privadas de la libertad y evitar que sigan delinquiendo al interior de las cárceles del país. También alertó sobre la necesidad de redoblar la seguridad de los jueces de ejecución de penas que vigilan las sentencias de los condenados. Pero estos parecen hacer caso omiso, y han buscado cualquier pretexto tratando de desligarse de su culpabilidad por la mala planeación frente a estas posibles eventualidades.
Este momento del posconflicto en el país estás más parecido que nunca a algunos pasajes del conflicto que por tanto tiempo ha deseado finalizar la sociedad colombiana, ¿cuánta sangre y asesinato puede soportar un estado nación antes de desintegrarse en esa sangre que envuelve sus suelos?, algún día, Colombia estará desprendida de ese yugo al que la someten los lideres de carteles, y bandas criminales que sin importar su estado de privación de libertad siguen teniendo control y poder sobre los actores criminales de cada sector del país, ¿habrá espacio para una verdadera reforma al sistema penitenciario en el gobierno del cambio así como se planteaba en 2018?, o es tan escabrosa la corrupción al interior de las cárceles para seguir ocultando que no es el INPEC realmente quien sostiene el poder y el control de estas.
