La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, decidió abrir una investigación previa contra el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras recibir una denuncia por supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de votación de la reciente consulta popular. La denuncia plantea que el congresista conservador habría incurrido en varios delitos que comprometen la legalidad del ejercicio democrático y su rol como cabeza del Legislativo.
Entre las conductas señaladas se destaca el cierre anticipado de la votación, que según los denunciantes habría afectado directamente el desarrollo del certamen democrático. Además, se señala a Cepeda de permitir un cambio en el sentido del voto del senador Edgar Díaz, una vez el escrutinio ya había sido cerrado, lo cual podría constituir una falta grave al procedimiento parlamentario.
Acusaciones por delitos contra la participación y la legalidad
El documento de denuncia dirigido a la Corte Suprema detalla al menos cinco presuntos delitos cometidos por el senador Efraín Cepeda: perturbación del certamen democrático, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, prevaricato por acción, y la posible omisión de actos propios del cargo o favorecimiento indebido.
Estos señalamientos, si bien aún están en etapa preliminar, tienen un peso jurídico significativo, especialmente porque se relacionan con el respeto a los principios de participación ciudadana y transparencia en el funcionamiento del Congreso. La intervención directa del senador Cepeda, según lo indicado, habría modificado el resultado o la percepción de legitimidad de la consulta realizada.
Cabe destacar que el prevaricato por acción, uno de los delitos mencionados, implica que un funcionario público profiere una resolución manifiestamente contraria a la ley. Este cargo, de ser probado, pondría en entredicho la capacidad de Cepeda para continuar ejerciendo como presidente del Senado mientras avanza el proceso judicial.
El magistrado César Augusto Reyes liderará la indagación
El caso fue asignado por reparto al despacho del magistrado César Augusto Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El magistrado ya ordenó la práctica de pruebas para verificar la veracidad de los hechos denunciados y determinar si existe mérito para avanzar a una investigación formal.
La decisión de iniciar la investigación previa no implica aún una imputación, pero sí marca un precedente importante en la vigilancia de la conducta de altos funcionarios del Estado, particularmente en escenarios donde están en juego la voluntad popular y el debido proceso legislativo.
En esta etapa, se espera que el despacho del magistrado Reyes recoja los testimonios pertinentes, analice el desarrollo del procedimiento parlamentario en cuestión, y determine si hubo o no una manipulación indebida del mecanismo de votación. Asimismo, deberá establecer si hubo responsabilidad directa de Cepeda en los presuntos hechos o si su actuación se mantuvo dentro de los márgenes normativos.
