En la era de la posverdad y el foco público, parece que para algunos mandatarios la gestión se mide en likes y no en soluciones concretas. El caso de Paulo Gómez, alcalde de Santa Rosa de Cabal, es el ejemplo perfecto de cómo la negligencia administrativa se intenta camuflar con el brillo de las redes sociales, mientras la realidad jurídica y técnica le propina un golpe de realidad.
Recientemente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ha dejado en evidencia lo que muchos ciudadanos de Santa Rosa de Cabal vienen manifestando hasta el cansancio: el alcalde ha actuado con una negligencia manifiesta. Tras más de cinco años de un proceso que buscaba proteger los derechos colectivos de una comunidad afectada por el colapso de la vía hacia las veredas El Lembo y Campoalegre en 2017, la respuesta de la administración no ha sido la acción, sino la excusa sistemática.
Resulta indignante observar cómo el alcalde pretende hacer pasar como «gestión propia» lo que ha sido el esfuerzo y sudor de la comunidad que, ante la desidia estatal, terminó habilitando la vía por su propia cuenta y riesgo. Mientras el alcalde se ufana en informes de que la vía está en «perfecto estado», las inspecciones técnicas de la CARDER y el departamento revelan una realidad distinta: un camino sin condiciones técnicas, sin manejo de aguas y con riesgos inminentes de nuevos deslizamientos. Más le vale administrar el municipio y dejar de preocuparse por querer verse bien en redes.
El Tribunal fue tajante: no es de recibo que el alcalde pretenda minimizar la falta de adquisición de los predios necesarios para una solución definitiva alegando imprevistos que solo demuestran su falta de voluntad política. Es más, su intento de debatir la necesidad de una orden judicial ya en firme, en plena sede de desacato, es una muestra de su desconocimiento o desprecio por la justicia.
Santa Rosa de Cabal no necesita un influencer que busque el foco público para ocultar la inoperancia; necesita un alcalde que entienda que la gestión real se hace con contratos transparentes, obras técnicas y cumplimiento de la ley, no con excusas baratas y poses para la cámara. Que esta sanción judicial sea un recordatorio de que, aunque en las redes se pueda fingir el éxito, en los estrados judiciales la desidia tiene consecuencias.
