¿Existe compromiso del sector privado para aportar a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en la región?
A pesar de que organismos como la OCDE consideran que la corrupción distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sostenible, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas internacionales e incrementa los costes de operación de las empresas, los esfuerzos para combatirla han sido insuficientes. De acuerdo con el estudio “Soborno corporativo como institución”, el soborno es una práctica institucionalizada – sistema de reglas sociales establecidas e incorporadas- por gran parte del sector empresarial. De acuerdo con el estudio, el 91% de los empresarios participantes en la encuesta consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos; los montos del soborno pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del contrato y el 58% de los empresarios encuestados afirmaron que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”.
Odebrecht es sin duda el caso más emblemático sobre lo que significa la corrupción y las alianzas ilegales entre sector público y privado con el fin de apropiarse de la contratación estatal. El caso más reciente es la investigación de los aportes de Euclides Torres, empresario con intereses en el sector transporte y energía, a la campaña presidencial del Gustavo Petro. En ambos casos, los aportes a las campañas políticas, se traduce en “contratos estatales” donde los recursos públicos terminan en los bolsillos de empresarios corruptos.
En el nivel territorial las empresas y su relación con los gobiernos locales y las campañas territoriales, podrían sin duda jugar un rol prioritario para incidir en las iniciativas anticorrupción. Lastimosamente, la agenda público privada no ha priorizado este tema como parte de sus apuestas de desarrollo regional. Por el contrario, la agenda transparencia, integridad y lucha contra la corrupción ha brillado por su ausencia en la formulación de los planes de desarrollo y los grandes proyectos de infraestructura vial que están hoy en el ojo del huracán como los son la avenida los Colibris, vía Los Samanes y la IP Centro en el Eje Cafetero.
La mejor manera de incidir en la agenda anticorrupción por parte de los empresarios que se preocupan por la ética de lo público, sería condicionar las donaciones que realizan en época electoral, a un compromiso claro de control social, político y de gobierno en el marco de una política pública de integridad. Lastimosamente eso no pasa y por el contrario, los electos terminan al servicio de los intereses de los empresarios “negociantes de lo público” olvidando su compromiso social. Los empresarios deben dar ejemplo desde sus propios comportamientos en su relación con las autoridades locales y congresistas, donde la cultura de la legalidad, la tributación justa y responsable y la participación en proyectos de desarrollo con dineros públicos se guíe con criterios de integridad y responsabilidad social y ambiental.
