Una denuncia penal, fiscal y disciplinaria fue interpuesta ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra de cinco altos togados que integran la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La acción legal señala directamente al presidente del tribunal, Danilo Rojas Betancourth, así como a los magistrados Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa y Mirtha Patricia Linares. El núcleo de la acusación radica en que los funcionarios habrían devengado sueldos sin registrar una carga laboral real ni resolver recursos de segunda instancia durante cerca de siete años, lo que presuntamente ocasionó un grave daño patrimonial a las arcas del Estado.
Inactividad procesal y ampliación de nómina
De acuerdo con el documento radicado, la JEP inició formalmente sus labores y abrió sus puertas al público el 15 de marzo de 2018. El denunciante argumenta que los magistrados sabían de antemano que los recursos y las impugnaciones contra sentencias de primera instancia tardarían varios años en llegar a su despacho. A pesar de esta previsión y de que el primer caso de fallo apelado no arribó sino hasta finales de 2025, los magistrados se habrían abstenido de apoyar otras secciones o salas que presentaban congestión.
Adicionalmente, el escrito cuestiona que los funcionarios se dotaron desde el principio de una costosísima planta de cargos adicional de 11 personas por despacho —aprobada mediante el Acuerdo AOG 020 de 2024—, la cual incluyó a tres magistrados auxiliares, cinco profesionales grado 33, un sustanciador nominado, un auxiliar judicial y un conductor. Mientras los magistrados se «cruzaron de brazos años enteros sin trabajar», según reza el texto, los empleados subalternos sí fueron rotados parcialmente a otras dependencias bajo la política interna de movilidad. Ante la ausencia de expedientes judiciales, los togados optaron por conformar comisiones administrativas internas y expedir nueve «sentencias interpretativas» (Senit), documentos de doctrina institucional que técnicamente no resuelven apelaciones de fondo.
Presuntos delitos y llegada de los primeros macrocasos
La controversia sobre la carga de trabajo de la Sección de Apelación cobró relevancia tras la emisión de las sentencias de primera instancia en el Macrocaso 01 (sobre secuestros cometidos por las Farc) y el Macrocaso 03 (sobre ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa), dictadas a mediados de septiembre de 2025. Tras las notificaciones y los recursos de ley, dichos expedientes llegaron formalmente a la segunda instancia a finales de ese mismo año.
Por estos hechos, la denuncia solicita a la célula legislativa investigar a los magistrados por la presunta comisión de delitos graves como peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Asimismo, el documento subraya que figuras como Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, quienes ejercieron previamente la presidencia del tribunal, tenían la potestad legal de modificar la estructura de personal para favorecer la descongestión judicial, pero presuntamente omitieron dicha labor. La Comisión de Acusaciones deberá determinar ahora si existen méritos suficientes para abrir una indagación preliminar formal que esclarezca el manejo administrativo y financiero de estos despachos durante su primer septenio.
