Nueva EPS enfrenta una de sus crisis institucionales más profundas tras revelarse irregularidades en el nombramiento de su interventor. La Superintendencia de Salud emitió un informe demoledor donde asegura que el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, carece de la experiencia técnica necesaria para liderar la entidad de salud más grande de Colombia. Este hallazgo ha generado un terremoto político que ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación.
Como observador constante de la actualidad nacional, resulta alarmante ver cómo la gestión de la salud pública se entrelaza con decisiones que parecen ignorar los manuales técnicos. La situación en la Nueva EPS no es solo un asunto de trámites; afecta a más de once millones de usuarios que dependen de la estabilidad administrativa para recibir tratamientos vitales. La designación de Ospina, marcada por una calificación de «riesgo alto», pone en entredicho la rigurosidad de la intervención estatal en el sistema sanitario.
El documento de diecinueve páginas que llegó al despacho del procurador Gregorio Eljach es una radiografía de omisiones procesales. Según el informe de la propia Supersalud, la prórroga de la intervención forzosa se realizó sin los insumos técnicos requeridos. Es decir, se tomó una decisión de alto impacto administrativo sin contar con el respaldo de la Dirección de Inspección y Vigilancia, saltándose el debido proceso que garantiza que estas entidades no colapsen durante su transición.
Resulta irónico que la misma superintendencia que debe vigilar el cumplimiento de las normas sea la que, bajo la dirección ad hoc de Luz María Múnera, haya omitido los requisitos mínimos para el cargo de interventor. Jorge Iván Ospina, aunque es médico cirujano de profesión, no pudo acreditar los tres años de experiencia directiva o asesora en el sector salud que exige la ley para manejar una organización de tal magnitud.
La sensación que queda es de una improvisación peligrosa en un sector donde los errores se pagan con vidas. El hecho de que la Nueva EPS haya quedado jurídicamente «en el aire» durante varios días de abril evidencia una desconexión entre el Ministerio de Salud y los entes de control. Esta falta de seguridad jurídica no solo desincentiva la confianza en el sistema, sino que aumenta la incertidumbre para millones de familias colombianas.
¿Por qué el nombramiento de Jorge Iván Ospina fue calificado de riesgo alto por la Supersalud?
La designación de Jorge Iván Ospina como agente especial interventor de la Nueva EPS ha sido cuestionada no por su carrera política, sino por su perfil técnico. El informe de la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud es tajante: Ospina no cumple con los requisitos legales mínimos. Para liderar una intervención de esta escala, se requiere una trayectoria comprobada en alta gerencia hospitalaria o dirección de entidades de salud, algo que el exalcalde de Cali no pudo demostrar satisfactoriamente ante los evaluadores.
Más allá de los años de experiencia, el sistema de evaluación de la superintendencia otorgó a Ospina una calificación de «riesgo alto» con un puntaje de 32. Este indicador se utiliza para medir la idoneidad y el peligro potencial que representa una administración que no conoce a fondo los engranajes financieros y científicos del aseguramiento en salud. En un contexto donde la Nueva EPS es la entidad con mayor volumen de quejas en el país, poner a alguien sin el perfil idóneo es, cuanto menos, una apuesta temeraria.
Ospina se defendió en medios de comunicación asegurando que su objetivo es evitar la liquidación de la entidad y poner en orden las cuentas por pagar. Sin embargo, sus palabras chocan con la realidad normativa: el cargo de interventor no es un puesto de confianza política, sino una dignidad técnica que exige conocer la normativa de riesgos, reservas técnicas y modelos de atención. La falta de dos años adicionales de asesoría especializada fue el clavo final en un proceso que la Supersalud ahora califica como apartado del debido proceso.
El impacto de esta decisión ha sido tal que incluso dentro de la superintendencia hubo voces discordantes. El Comité de Medidas Especiales se opuso por unanimidad a la prórroga forzosa por falta de sustento técnico. Aun así, la resolución fue firmada unilateralmente por la entonces superintendente ad hoc, ignorando las advertencias internas que hoy sustentan la denuncia ante la Procuraduría por presunta extralimitación de funciones.
La crisis de liderazgo en la Nueva EPS llega en el peor momento posible. Con la salida de Bernardo Camacho y la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud, el panorama administrativo de las ocho EPS actualmente intervenidas por el Gobierno Nacional se vuelve aún más complejo. La transparencia en estos nombramientos es fundamental para que el sistema de salud no termine siendo una extensión de la burocracia política, sino una solución efectiva para los pacientes.
¿Qué irregularidades detectó la Procuraduría en la intervención de la Nueva EPS?
La investigación se centra en la ruptura del flujo administrativo necesario para prorrogar una medida de intervención forzosa. Por norma, si una intervención no muestra resultados positivos en dos años, el camino natural es la liquidación, a menos que existan razones técnicas de peso para extenderla. En el caso de la Nueva EPS, la prórroga se ordenó sin que mediara un informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia, lo que invalida el sustento jurídico de la decisión.
El documento enviado al procurador general resalta que, entre el 7 y el 9 de abril de 2026, la entidad estuvo técnicamente sin una medida de intervención legalmente constituida. Esta «vacancia jurídica» es una falta grave, ya que durante ese tiempo se tomaron decisiones administrativas y se gestionaron recursos públicos sin la debida cobertura legal. La falta de comunicación oportuna entre el Ministerio de Salud y la superintendencia agravó el desorden administrativo que hoy es objeto de vigilancia.
Otro punto crítico es la expedición de la Resolución 2026100000003814-6. Mientras que la mayoría de los documentos oficiales son revisados y avalados por un equipo interdisciplinario de coordinadores y asesores, esta resolución en particular fue impulsada y firmada casi en solitario por Luz María Múnera. Este comportamiento ha sido interpretado por los entes de control como una posible violación al principio de control interno y una forma de forzar el nombramiento de Ospina.
Las cifras de calidad del servicio también juegan en contra de la gestión actual. A pesar de estar bajo control estatal, la Nueva EPS alcanzó un pico de 38 mil quejas en agosto de 2025, una cifra significativamente mayor a la registrada antes de la intervención. Esto sugiere que el cambio de mando no ha traducido la «toma de posesión de bienes y negocios» en una mejora real para los usuarios, quienes siguen enfrentando barreras de acceso a servicios básicos.
Finalmente, la Procuraduría analizará si hubo una intención deliberada de favorecer a Jorge Iván Ospina omitiendo los filtros de selección. El hecho de que se le haya solicitado revisar su hoja de vida para el cargo incluso antes de que la prórroga de la intervención estuviera definida legalmente, apunta a una predeterminación del nombramiento. Esta situación pone bajo la lupa no solo a Ospina, sino a toda la estructura de mando que permitió esta cadena de presuntas irregularidades.
¿Es posible que la Nueva EPS sea liquidada si se anula el nombramiento del interventor?
La anulación del nombramiento de Jorge Iván Ospina dejaría a la Nueva EPS en una situación de inestabilidad jurídica inmediata, pero no implica necesariamente su liquidación automática. El objetivo de las intervenciones forzosas es salvar a la entidad, no destruirla. Sin embargo, si la Procuraduría o un juez administrativo determinan que el proceso de prórroga fue ilegal, el Gobierno Nacional se vería obligado a reiniciar el trámite técnico desde cero, esta vez con un interventor que cumpla con todos los requisitos de ley y una justificación técnica sólida.
El gran temor de los usuarios y del propio Ospina es que el vacío administrativo acelere el deterioro de la red de prestadores. Sin un representante legal legítimo, los pagos a clínicas y hospitales podrían congelarse, generando un efecto dominó que afectaría la atención médica en todo el país. La pregunta queda abierta: ¿Podrá el Gobierno rectificar el rumbo de la intervención antes de que el daño institucional sea irreversible para los once millones de afiliados?
