¿Se destapó la red del poder femenino en el gobierno de Petro?
El panorama político colombiano atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la divulgación de una serie de acusaciones que comprometen la transparencia operativa de la administración central. La exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, presentó un extenso expediente institucional y judicial en el que expone una presunta red de tráfico de influencias, falsedad documental y manejo irregular de recursos públicos en diversas dependencias del Estado.
El dictamen formal presentaría un total de 16 hechos concretos radicado ante las instancias competentes. La denunciante sostiene que existió una marcada injerencia en decisiones administrativas y presupuestales por parte de personas muy cercanas al círculo del Jefe de Estado. En sus testimonios públicos, Rodríguez ha hecho alusión a dinámicas informales, calificadas por ella misma como relaciones “no normales” y eventos de esparcimiento conocidos como ‘Afterparty’ con la presunta presencia del presidente Gustavo Petro, donde supuestamente se tomaban o influenciaban determinaciones clave sobre la burocracia estatal.
Nombres señalados y el entramado de poder institucional
En la lista de personas salpicadas por estas declaraciones emergen figuras juveniles y asesoras que en los últimos meses pasaron de la discreción a ocupar portadas de medios de comunicación. Entre las señaladas se destacan las hermanas Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, así como Vanessa Cortés y la joven activista Gabriela Muñoz Olaya. Según las informaciones difundidas, a este grupo de profesionales se le atribuye un poder desproporcionado respecto a sus cargos nominales, llegando supuestamente a direccionar nombramientos en carteras clave como la Aeronáutica Civil y el Ministerio de la Igualdad.
Paralelamente, el escenario expone fracturas profundas en las esferas más altas del Gobierno. En las controversias también relucen los nombres de la primera dama, Verónica Alcocer, y de la exjefa de gabinete Laura Sarabia. Ambas, en su momento calificadas como el núcleo duro del poder presidencial, hoy parecen experimentar un notorio distanciamiento derivado de las tensiones internas y las disputas por el control de la agenda gubernamental.
Las graves imputaciones señalan la existencia de presuntos giros presupuestales de muchos millones de pesos que se habrían intentado direccionar sin el cumplimiento estricto de los requisitos de ley. Rodríguez denunció que se habrían presentado presiones indeseadas, llamadas intimidatorias e incluso episodios de maltrato sistemático cuando se negó a ceder ante las peticiones de trasladar fondos destinados a proyectos de inversión social. «Se estructuró una verdadera red de manejo de ‘chequera’ paralela a los conductos institucionales», han argumentado sectores críticos del Congreso que piden celeridad a los organismos de control.
La respuesta del mandatario y la vía judicial
Ante la magnitud de los señalamientos, la postura de la Casa de Nariño ha buscado desestimar los cuestionamientos y restar validez a las palabras de la exfuncionaria. El presidente Gustavo Petro ha sostenido de manera pública que las acusaciones responden a disputas burocráticas internas y a episodios de paranoia administrativa motivados por celos de poder entre funcionarios de la rama ejecutiva. El mandatario anunció que emprenderá acciones legales formales por el delito de calumnia, defendiendo la idoneidad de algunas de las personas cuestionadas en su gestión.
No obstante, las explicaciones presidenciales no han calmado el debate político en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de investigar a los altos dignatarios. Diversos congresistas de la oposición e independientes afirman que el Ejecutivo ha pretendido minimizar los hechos y ofrecer una protección injustificada a personas salpicadas por posibles irregularidades contractuales.
Analistas políticos señalan que el trasfondo del debate va más allá del cruce verbal entre funcionarios y el Presidente. Las acusaciones abren un capítulo complejo de fiscalización en la recta final de la administración pública, donde la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación deberán determinar si existió tráfico de influencias, falsedad en documento público o concierto para delinquir. Mientras la investigación avanza en los estrados correspondientes, la opinión pública permanece atenta a las pruebas presentadas que buscan esclarecer si el aparato estatal fue permeado por una red informal de poder.
