La reforma política en Colombia, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dado un paso crucial en el Senado con la aprobación en tercer debate de un proyecto de acto legislativo que busca transformar el sistema político y electoral del país. Con 11 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Primera del Senado avaló esta iniciativa que propone cambios significativos en temas como la financiación de campañas, la composición de las listas electorales y la independencia de la autoridad electoral.
Las propuestas clave de la reforma política
El proyecto de reforma política pone sobre la mesa tres puntos fundamentales que prometen redefinir la forma en que se desarrollan los procesos electorales en Colombia:
- Financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas: Este cambio busca reducir la dependencia de los candidatos respecto a donaciones privadas, un tema crítico en un país donde el financiamiento electoral ha estado históricamente vinculado a posibles irregularidades y presiones externas.
- Listas cerradas con equidad de género: Este mecanismo propone eliminar el voto preferente y avanzar hacia un modelo en el que las listas presentadas por los partidos políticos sean cerradas, garantizando la representación igualitaria de mujeres y hombres.
- Creación de una autoridad electoral independiente: Este nuevo órgano busca proporcionar garantías de transparencia e imparcialidad en la organización y supervisión de las elecciones.
A pesar de la importancia de estas modificaciones, el debate más intenso en la Comisión se centró en el artículo que proponía un cambio en las condiciones para que movimientos y partidos políticos obtuvieran personería jurídica. La idea de sustituir el actual umbral electoral por un sistema basado en el número de afiliados generó controversia y, finalmente, fue eliminada del texto aprobado.
Un régimen de transición: la clave para su implementación
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha insistido en que esta reforma política no se implementará de forma inmediata, sino a través de un régimen de transición. Según Cristo, esta medida permitiría a los partidos políticos adaptarse gradualmente al nuevo escenario legal y reglamentario.
“Las reglas de juego que acordemos en financiación de campañas, en la autoridad electoral y en el cambio del voto preferente no se aplicarán en el 2026”, afirmó el ministro, destacando que el periodo de transición es esencial para garantizar la efectividad de la reforma. En este sentido, las medidas incluidas en el proyecto no entrarían en vigor hasta después del próximo ciclo electoral.
Esta perspectiva busca reducir la resistencia al cambio, permitiendo que las fuerzas políticas ajusten sus estructuras internas y se preparen para operar bajo las nuevas reglas. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación por la posible dilación en la implementación de las reformas y el impacto que esto podría tener en la confianza ciudadana hacia el sistema político.
Lo que sigue: más debates y desafíos en el Congreso
Tras la aprobación en tercer debate, la iniciativa pasará a discusión en la Plenaria del Senado, donde se llevará a cabo el cuarto debate. Si obtiene luz verde en esta instancia, el proyecto deberá completar una nueva vuelta de cuatro debates en el primer semestre de 2025 para convertirse en ley.
El camino por recorrer no será sencillo. Las reformas políticas en Colombia han enfrentado históricamente obstáculos significativos, tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública. La eliminación del artículo sobre personería jurídica ya evidenció que ciertos sectores del Congreso no están dispuestos a aceptar cambios que puedan alterar profundamente el panorama político actual.
Por otro lado, temas como las listas cerradas y la financiación estatal han generado divisiones entre quienes ven estas propuestas como una forma de fortalecer la democracia y quienes consideran que podrían limitar la competencia electoral o incrementar la burocracia.
¿Hacia una transformación política real?
La aprobación en tercer debate de esta reforma política marca un avance importante, pero plantea interrogantes sobre su impacto real en el sistema político colombiano. ¿Lograrán estas medidas reducir la corrupción y garantizar elecciones más transparentes? ¿Serán las listas cerradas un paso hacia una representación más equitativa o una barrera para nuevos liderazgos? La respuesta dependerá, en gran medida, del compromiso del Congreso y del gobierno para llevar estas propuestas a buen término.
Con el 2025 como año clave para la aprobación definitiva de la reforma, el panorama político se encuentra en una encrucijada. Lo que está en juego no es solo el futuro de los partidos políticos, sino la confianza de los colombianos en su sistema electoral y en la democracia misma.
