La polémica por los cuerpos calcinados en la frontera entre Colombia y Ecuador se intensificó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien habló de 27 víctimas en un presunto contexto de bombardeos. Sin embargo, autoridades del sector defensa y organismos forenses han entregado versiones que difieren de ese señalamiento inicial.
El mandatario aseguró que los hechos no correspondían a acciones ni de grupos armados ni de la Fuerza Pública, y cuestionó la falta de claridad en lo ocurrido. Además, advirtió que las víctimas se encontraban en zonas cercanas a comunidades que han intentado sustituir cultivos ilícitos, lo que elevó la gravedad de la denuncia al señalar un posible delito de lesa humanidad.
No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que los casos no corresponden a un bombardeo ni a un solo evento. Según explicó, se trata de dos hechos distintos ocurridos en enero en el departamento de Nariño, ambos en zonas donde operaban laboratorios de cocaína.
El primer caso se registró el 22 de enero en el sector de Inda Zabaleta, donde murieron 12 personas. De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos no presentaban impactos de proyectil ni se encontraron rastros de explosivos en el lugar. El segundo hecho ocurrió el 24 de enero en el sector de El Capulí, donde murieron dos personas en circunstancias similares.
A estas aclaraciones se sumó el Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyo director, Ariel Cortés, confirmó que en lo corrido de 2026 se han documentado 14 cuerpos calcinados en la zona de frontera, y no 27 como se mencionó inicialmente. Los análisis forenses determinaron que las muertes fueron producto de incendios y no de ataques con explosivos.
Las investigaciones también señalan que uno de los hechos ocurrió dentro de un laboratorio de cocaína que se habría incendiado, en medio de disputas entre estructuras armadas ilegales que operan en el Pacífico nariñense. Este contexto refuerza la hipótesis de que los eventos estarían ligados a economías ilícitas y a confrontaciones entre grupos por el control territorial.
Aunque las autoridades descartaron la presencia de menores entre las víctimas y no encontraron evidencia de bombardeos, el caso continúa bajo investigación para establecer responsabilidades. Entretanto, el episodio pone en evidencia la complejidad del conflicto en zonas de frontera, donde convergen narcotráfico, disputas armadas y comunidades vulnerables.
El Gobierno ha señalado que continuará recopilando información y avanzando en las indagaciones, mientras crece el debate sobre lo ocurrido y la necesidad
