En una decisión trascendental para el panorama político y judicial de Colombia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha dejado en firme el llamado a juicio contra un grupo de congresistas y excongresistas implicados en el denominado “escándalo de la UNGRD”. La determinación, tomada en sesión extraordinaria, ratifica que los señalados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo.
Entre los vinculados al proceso se encuentran los congresistas Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte no solo mantuvo la acusación, sino que también negó de forma mayoritaria la solicitud de la defensa de Karen Manrique, quien buscaba el beneficio de detención domiciliaria. Con esta negativa, la congresista reelecta continuará cumpliendo su medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la etapa de juicio.
El esquema de las «dádivas» y el Ministerio de Hacienda
La investigación que hoy tiene a estos políticos ad portas de un juicio oral se centra en los hechos ocurridos durante el año 2023. Según el expediente, los seis implicados formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), un organismo clave para la aprobación de operaciones de endeudamiento y crédito que interesaban directamente al Gobierno Nacional.
La hipótesis de la Sala de Instrucción sostiene que los legisladores habrían solicitado dádivas al Ministerio de Hacienda, entonces bajo la dirección de Ricardo Bonilla, a cambio de votar favorablemente dichas operaciones financieras. El rastro de la corrupción apunta a que, inicialmente, el congresista Wadith Manzur habría propuesto la asignación de cupos indicativos millonarios, con cifras que oscilaban entre los 10.000 y 20.000 millones de pesos.
No obstante, tras una presunta contraoferta por parte de representantes del Ejecutivo, el acuerdo se habría materializado en la ejecución de proyectos de infraestructura específicos financiados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los municipios «beneficiados» con estas partidas, que en realidad camuflaban el pago de coimas, fueron Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Maniobras burocráticas y el papel de altos funcionarios
El caso no solo salpica al Legislativo, sino que pone en el ojo del huracán al exministro Bonilla y a otros altos mandos del gabinete de Gustavo Petro. De acuerdo con las pruebas recolectadas, el entonces ministro de Hacienda habría dado instrucciones precisas para gestionar la información de los proyectos de obra que se tramitarían ante la UNGRD.
Incluso, la investigación menciona la posible participación de Luis Fernando Velasco, quien para la época se desempeñaba como ministro del Interior. Inicialmente, se habría contemplado utilizar al Invías como la entidad ejecutora de los recursos; sin embargo, ante la complejidad administrativa de dicha institución, se optó por la UNGRD como el vehículo más ágil para canalizar los pagos a los congresistas.
La acusación formal indica que el 5 de diciembre de 2023 fue la fecha en la que los congresistas aceptaron la «promesa remuneratoria». A partir de ese momento, se habría desplegado un intenso monitoreo por parte de los políticos para asegurar que los contratos se adjudicaran según lo pactado. Para ello, se sostuvieron múltiples reuniones y se intercambiaron mensajes con figuras clave como María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y Sneyder Pinilla, el entonces subdirector de la UNGRD que hoy actúa como uno de los principales testigos del caso.
El camino hacia la Sala de Primera Instancia
Con la decisión de dejar en firme el llamado a juicio, el proceso entra en su fase definitiva. Una vez que el documento sea debidamente firmado y notificado a todas las partes, el expediente será remitido a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Será en este escenario donde se debatan las pruebas, se escuchen los testimonios de los arrepentidos y se determine la responsabilidad penal individual de cada uno de los acusados.
La opinión pública permanece atenta a este juicio, que representa uno de los mayores desafíos para la integridad institucional del actual Gobierno y del Congreso de la República. La permanencia de Karen Manrique en prisión intramural envía un mensaje contundente sobre la gravedad de los delitos imputados, que incluyen cargos relacionados con la administración pública y el uso indebido de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.
