Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un nuevo capítulo judicial tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de apelar el fallo que lo absolvió de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Este proceso, ligado a su presunta relación con el grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, ha generado reacciones polarizadas en el ámbito político y judicial del país.
El caso, que involucra crímenes perpetrados en el norte de Antioquia durante los años 90, destaca por su impacto histórico y social. Según la Fiscalía, la hacienda La Carolina habría sido un epicentro de operaciones paramilitares bajo la presunta connivencia de Uribe. Sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el pasado 13 de noviembre de 2024, determinó que las pruebas no eran concluyentes para dictar una condena.
El crimen de Camilo Barrientos y las acusaciones contra “Los 12 Apóstoles”
El asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera en 1994, es uno de los hechos más destacados dentro de este proceso. La Fiscalía sostiene que Barrientos fue señalado como colaborador de las antiguas Farc y posteriormente ejecutado como parte de una serie de acciones atribuidas al grupo paramilitar.
El testimonio del mayor retirado Juan Carlos Meneses y el civil Alexander Amaya jugaron un papel clave en la acusación inicial. Ambos señalaron a Santiago Uribe como presunto colaborador del grupo armado. No obstante, la defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, argumentó que el crimen surgió de rencillas personales entre los autores materiales, descartando la participación de su cliente en el hecho.
Granados también destacó inconsistencias en los relatos de los testigos, señalando que algunos de ellos podrían haber actuado bajo presiones externas. Por su parte, la Fiscalía insiste en que el asesinato de Barrientos no fue un caso aislado, sino parte de una estructura sistemática de violencia promovida por “Los 12 Apóstoles”.
Las víctimas y los vacíos en el fallo judicial
El fallo absolutorio ha generado indignación entre los representantes de las víctimas. Según el abogado Sergio Mesa, el juez encargado desestimó pruebas fundamentales, como el testimonio de José Leonel Restrepo, quien afirmó que miembros del grupo paramilitar frecuentaban la hacienda La Carolina y mantenían contacto con Uribe.
Mesa subrayó que los testimonios ofrecidos por Restrepo y otros testigos documentan una estrecha relación entre el acusado y los sicarios conocidos por sus alias, como “Rodrigo”. Además, planteó que estos elementos serán integrados en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia.
Otra línea de acción que podría seguirse en este caso es la elevación del proceso a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha sido señalada como un posible escenario, dado que las víctimas consideran que las irregularidades en el juicio configuran una violación a sus derechos fundamentales.
Reacciones políticas y el impacto en la justicia colombiana
El presidente Gustavo Petro no tardó en expresar su preocupación respecto al fallo. A través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter), Petro calificó la decisión como un síntoma de posibles fallos estructurales en la justicia colombiana. En su mensaje, afirmó que “parece que la justicia quisiera establecer el derecho a matar a los humildes”, lo que desató un encendido debate en redes sociales y círculos políticos.
Estas declaraciones se suman a una percepción creciente de falta de confianza en el sistema judicial del país, especialmente en casos que involucran a figuras con alto perfil político. Aunque el expresidente Álvaro Uribe y su círculo han defendido vehementemente la inocencia de Santiago Uribe, el proceso judicial no ha logrado cerrar las heridas abiertas por la violencia paramilitar en Colombia.
