La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades financieras en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante la vigencia auditora de 2025. El organismo de control fiscal determinó un conjunto de hallazgos fiscales que ascienden a los 176.795 millones de pesos, derivados de pagos indebidos en servicios médico-asistenciales represados, desembolsos prestacionales sin requisitos legales y el pago de sanciones moratorias con recursos de destinación específica.
El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, concluyó formalmente con el no fenecimiento de la cuenta del FOMAG para el ejercicio fiscal 2025. Esta decisión técnica se fundamentó principalmente en una subestimación del pasivo contable por un valor de 598.363 millones de pesos, producto de una inadecuada reclasificación de obligaciones de sanción por mora que constituían deudas claras, expresas y exigibles a cargo del fondo.
En total, la actuación fiscalizadora identificó diez hallazgos con incidencia fiscal, doce con presunta responsabilidad disciplinaria y uno con posible repercusión de carácter penal. Los hallazgos ponen de manifiesto deficiencias estructurales en los controles a cargo de la Fiduprevisora, entidad que actúa como vocera y administradora de los recursos del magisterio público.
Servicios médicos y recobros bajo la lupa fiscal
El hallazgo de mayor cuantía dentro del proceso auditor correspondió al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses, por una suma total de 133.255 millones de pesos. De acuerdo con el ente de control, estas erogaciones se realizaron a favor de la Unión Temporal Medisalud (encargada de la Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y de la UT Redvital (operadora de la Región 8: Antioquia y Chocó).
La investigación técnica concluyó que el pago de dichas obligaciones generó un directo detrimento patrimonial al Estado, toda vez que la responsabilidad financiera de asumir esos costos recaía contractualmente en los operadores salientes y entrantes, según las cláusulas de los contratos médico-asistenciales vigentes. La traslación de estas cargas económicas al presupuesto del FOMAG representó un uso impropio de las arcas públicas destinadas a la atención en salud de los educadores.
A esta situación se suma un hallazgo de alta gravedad relacionado con la destinación indebida de recursos para el pago de sanciones moratorias establecidas en la Ley 50 de 1990, equivalente a 5.479 millones de pesos. La Contraloría enfatizó que el presupuesto del FOMAG cuenta con una destinación específica protegida por la ley, por lo cual la cobertura de estas penalizaciones vulnera el marco normativo de protección de los fondos del magisterio.
Pagos prestacionales irregulares y mesadas a fallecidos
Otro de los ejes críticos fiscalizados por la Contraloría respondió a una denuncia interpuesta por la propia Gerencia Jurídica de Fiduprevisora. Tras analizar una muestra de 1.105 desembolsos, el organismo de control comprobó que la administradora efectuó pagos irregulares a docentes pensionados por concepto de la prima de mitad de año.
Dichas erogaciones representaron un daño fiscal de 27.982 millones de pesos, al haberse otorgado sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales vigentes, o incluso en contravención explícita de decisiones judiciales ejecutoriadas que ya habían negado formalmente el reconocimiento de ese derecho pensional.
Asimismo, la auditoría expuso inconsistencias operativas en el manejo de las obligaciones temporales e indemnizatorias. Por concepto de atención inoportuna en solicitudes de cesantías parciales y definitivas, así como por fallos no atendidos en los tiempos legales fijados por los artículos 177 del C.C.A. y 192 del CPACA, el Fondo debió desembolsar 2.531 millones de pesos en sanciones moratorias y 6.738 millones de pesos adicionales por intereses de mora.
En el renglón pensional, se detectaron giros de mesadas pensionales posteriores al fallecimiento de los docentes o beneficiarios por un monto de 419.181.784 pesos, sumados a 369.199.183 pesos pagados en exceso por errores de cálculo en pensiones de invalidez y sanciones de mora.
Llamado de atención sobre fallas estructurales y recurrentes
Los resultados obtenidos en esta auditoría financiera reflejan la persistencia de falencias administrativas históricas que la Contraloría General ha venido señalando en ejercicios de control de vigencias anteriores. La entidad fiscalizadora enfatizó que existe una presunta corresponsabilidad entre la Fiduprevisora —en su calidad de administradora y vocera del FOMAG— y las distintas entidades territoriales.
Ante el reiterado menoscabo del patrimonio destinado al bienestar de los profesores del sector oficial, el organismo de control fiscal emitió un llamado urgente e imperativo a las directivas de las instituciones involucradas. El propósito es instar a la formulación e implementación inmediata de controles internos efectivos y mecanismos de gestión que aseguren la eficiencia y transparencia en la administración de las finanzas públicas.
La Contraloría puntualizó que la repetición de estas malas prácticas no solo distorsiona la contabilidad pública, sino que lesiona de forma directa el erario nacional, perjudicando la garantía de los derechos a la salud y a la seguridad social de los educadores.
