Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, deberá continuar cumpliendo su condena de cinco años y tres meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas rechazara su solicitud de prisión domiciliaria, la cual había sido presentada argumentando su condición de madre cabeza de familia.
La decisión judicial fue revelada por la revista Semana el 8 de mayo de 2025, tras conocer el fallo en el que se evaluaron los informes de diversas entidades, entre ellas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la misma administración del centro penitenciario.
“Niego el sustituto de la prisión domiciliaria por cabeza de familia”, señala el documento judicial, que fue notificado a todas las partes implicadas en el proceso.
Condena por hechos ocurridos en el Paro Nacional de 2019
La empresaria fue sentenciada por su participación en los hechos del Paro Nacional de noviembre de 2019, cuando publicó un video en sus redes sociales en el que se le veía destruyendo con un martillo la estación San Mateo de Transmilenio, ubicada al sur de Bogotá.
El contenido visual no solo evidenciaba el daño en bien público, sino que también contenía un mensaje en el que instaba a sus seguidores a cometer actos similares, hecho que fue determinante en su condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte.
La Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena, argumentó que Barrera Rojas utilizó su influencia en redes sociales para incitar al desorden público, afectando gravemente el entorno urbano y la seguridad ciudadana. La misma Corte enfatizó que su condición de figura pública agravó el impacto de sus actos.
Rechazo a los argumentos de la defensa
Pese a que su defensa insistió en que Epa Colombia es madre cabeza de hogar y ha sufrido deterioro físico y emocional durante su permanencia en prisión, los informes médicos y disciplinarios no fueron suficientes para que el juzgado aceptara modificar su régimen de reclusión.
En declaraciones al pódcast La Red Viral, su abogado penalista expresó preocupación por el estado de salud de su clienta: “Ya no está en un lugar seguro. Es terrible. Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima, no duerme bien, y su piel se ha deteriorado”, afirmó.
A pesar de estos señalamientos, el juzgado mantuvo firme su decisión, destacando que la gravedad de los delitos cometidos, sumada a la influencia de Barrera como figura pública, impide otorgar beneficios penitenciarios como la detención domiciliaria.
Epa Colombia continuará en El Buen Pastor
Desde principios de 2025, Epa Colombia permanece en el centro penitenciario donde cumple su sentencia. La resolución judicial representa un revés importante para su equipo legal, que ha intentado sin éxito cambiar el tipo de reclusión.
La posibilidad de interponer nuevos recursos legales aún no está descartada, pero el fallo actual marca un precedente significativo en el caso de la influencer, que había ganado notoriedad en los últimos años no solo por su carrera como generadora de contenido, sino también como empresaria del sector de productos capilares.
Reacciones en el ámbito público
La situación judicial de Epa Colombia ha generado múltiples reacciones en la opinión pública y en el sector del entretenimiento colombiano. Diversas figuras han manifestado su apoyo, destacando su proceso de transformación personal y profesional tras los hechos de 2019. Sin embargo, el sistema judicial ha mantenido su postura firme frente a la gravedad del delito.
Algunos sectores consideran que sus actos de reparación y emprendimiento merecen ser valorados; no obstante, otros subrayan la importancia de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de promover la violencia, especialmente desde plataformas digitales con amplio alcance.
En medio de este debate, Barrera Rojas deberá seguir enfrentando las condiciones del sistema penitenciario colombiano, mientras su defensa estudia alternativas legales para solicitar una posible revisión futura del régimen carcelario.
