La ONU advirtió que el Estado colombiano no ha logrado frenar la violencia contra los defensores de derechos humanos, pese a algunos avances institucionales durante el actual gobierno de Gustavo Petro. Así lo señala el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que documenta 410 asesinatos entre 2022 y 2025.
El reporte, presentado este jueves, concluye que la violencia contra líderes sociales no solo persiste, sino que se ha consolidado como un patrón estructural en el país. En promedio, cerca de 100 defensores fueron asesinados cada año durante el periodo analizado, lo que evidencia que no se logró revertir la tendencia registrada en administraciones anteriores.
Aunque entre 2022 y 2024 se registró una leve reducción en los homicidios, el informe advierte que en 2025 se presentó un repunte con 99 casos. Para el organismo internacional, este comportamiento ubica al país en un “punto de inflexión” y refleja la necesidad de adoptar medidas más efectivas para enfrentar las causas estructurales de la violencia.
Entre los principales factores señalados están la persistencia de conflictos armados en varias regiones, la disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, así como la débil presencia del Estado en territorios históricamente afectados. Según la ONU, estos elementos han permitido que actores armados no estatales mantengan el control social y territorial en distintas zonas del país.
El informe también subraya los altos niveles de impunidad. Apenas el 6,87 % de los homicidios cuenta con una sentencia judicial que establezca responsabilidades, lo que, según el organismo, contribuye a la repetición de estos hechos. A esto se suma la sobrecarga del sistema de protección, que ha recaído principalmente en la Unidad Nacional de Protección y que es calificado como “insostenible”.
Otro aspecto crítico es la eficacia de las medidas de seguridad. La ONU alertó que al menos 34 líderes fueron asesinados pese a contar con esquemas de protección o haberlos solicitado, lo que pone en duda la capacidad de respuesta institucional frente a las amenazas en terreno.
El impacto de la violencia es especialmente alto en comunidades rurales y étnicas. El informe destaca que el 23 % de las víctimas eran indígenas, una proporción significativamente mayor frente a su peso poblacional. Regiones como Cauca, Nariño, Arauca, Putumayo y Norte de Santander concentran buena parte de los casos, aunque la violencia también se ha extendido a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
Además de los homicidios, la ONU documentó 2.018 ataques y amenazas contra personas defensoras durante el mismo periodo, incluyendo intimidaciones, agresiones físicas y secuestros. Estas acciones, advierte el organismo, buscan desarticular procesos comunitarios y consolidar el control de los territorios por parte de estructuras ilegales, lo que mantiene a Colombia como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos.
