La estación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander, volvió a ser blanco de un ataque armado durante el lunes 7 de septiembre, en una nueva jornada de violencia que mantiene en alerta a las comunidades de la región. El hecho incluyó disparos de fusil y el uso de drones cargados con explosivos, según la información reportada desde la zona.
El ataque se produjo pocos días después de una acción similar contra la infraestructura policial. De acuerdo con el material suministrado, la estación había sido atacada previamente y, tras la nueva incursión, se evidenciaron graves daños en las instalaciones, que habrían quedado completamente destruidas como consecuencia del lanzamiento de explosivos.
La situación se suma a una serie de acciones violentas registradas en Norte de Santander contra integrantes de la Fuerza Pública. En el departamento hacen presencia estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo al que se atribuye un incremento en el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar y lanzar explosivos.
Drones y ataques contra instalaciones policiales
El uso de drones modificados para transportar explosivos se ha convertido en uno de los elementos señalados dentro de los recientes ataques contra la Fuerza Pública en la región. En el caso de Guamalito, la ofensiva combinó esta modalidad con ráfagas de fusil dirigidas contra la estación de Policía.
La información disponible señala que las autoridades han enfrentado en Norte de Santander diferentes acciones armadas que han dejado policías y militares muertos y heridos. Entre los métodos empleados por los grupos ilegales se encuentran precisamente ataques con artefactos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.
El escenario refleja las dificultades de seguridad que persisten en diferentes municipios del departamento, donde las estructuras armadas mantienen capacidad para realizar acciones contra instalaciones y unidades de la Fuerza Pública.
El ataque contra la estación de Guamalito ocurrió, además, en un contexto marcado por otros hechos violentos registrados recientemente en la zona. Uno de ellos tuvo como escenario el municipio de Ocaña, donde un ataque contra el cantón militar Trapiche desencadenó posteriormente un enfrentamiento entre uniformados y presuntos integrantes del ELN.
Dos militares murieron tras combate en Ocaña
De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante la noche del 4 de septiembre se produjo una acción criminal contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña. Tras el ataque, las tropas desplegaron labores de seguridad para proteger las instalaciones y verificar si persistían amenazas en el perímetro.
En medio de estas operaciones, un pelotón de soldados de la motorizada salió de la unidad militar con el propósito de asegurar el área y revisar la posible presencia de integrantes de grupos armados.
Según el reporte oficial, durante esta maniobra los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del ELN. El enfrentamiento dejó como resultado la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y del soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.
El Ejército señaló que ambos militares murieron mientras cumplían su misión constitucional y expresó su solidaridad con sus familias. La institución también informó que cinco militares resultaron afectados durante los hechos y fueron trasladados para recibir atención médica especializada.
Ante la muerte de los uniformados, el Ejército anunció además la puesta en marcha de un equipo interdisciplinario encargado de brindar acompañamiento integral a las familias de los militares fallecidos y garantizarles el respaldo institucional durante el proceso.
Ejército cuestiona métodos utilizados por grupos armados
El Ejército calificó los hechos registrados en Ocaña como una acción que constituye una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario y una vulneración de los derechos humanos, debido al empleo de métodos de guerra que, según la institución, ponen en riesgo la vida y la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública.
La institución explicó que las operaciones posteriores al ataque estuvieron orientadas inicialmente a garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal militar. Sin embargo, el desplazamiento de los uniformados terminó en un enfrentamiento con presuntos integrantes del grupo armado.
Los hechos de Guamalito y Ocaña evidencian así un panorama de persistente presión armada contra la Fuerza Pública en Norte de Santander, donde los grupos ilegales han recurrido tanto a ataques directos con armas de fuego como a métodos no convencionales, entre ellos el empleo de drones con explosivos.
Mientras las autoridades avanzan en las labores de seguridad y control territorial, las comunidades de la región permanecen expuestas a una situación de orden público que continúa siendo delicada. El nuevo ataque contra la estación de Policía de Guamalito y la muerte de dos militares en Ocaña hacen parte de una cadena de hechos que mantiene la atención sobre la capacidad de los grupos armados para atacar instalaciones oficiales y personal de la Fuerza Pública en el departamento.
