La posible liquidación de las EPS en crisis encendió las alertas en las regiones ante el riesgo de un colapso en la red hospitalaria pública. Gobernadores del país advirtieron que una decisión sin un plan de transición territorial claro podría afectar la atención de millones de pacientes.
La preocupación fue expuesta por la Federación Nacional de Departamentos, que señaló que la medida no solo tiene implicaciones administrativas, sino que compromete directamente la continuidad de tratamientos médicos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o que requieren atención permanente.
De acuerdo con los mandatarios regionales, una liquidación sin una estrategia organizada podría generar interrupciones en la entrega de medicamentos, autorizaciones y procedimientos esenciales, lo que impactaría de forma directa a la población más vulnerable.
A este panorama se suma la preocupación por la situación financiera de los hospitales públicos. Datos del Sistema de Información Hospitalario del Ministerio de Salud, con corte a diciembre de 2025, indican que las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones a estas instituciones.
Según la Federación, la experiencia histórica muestra que entre el 99,1 % y el 99,3 % de la cartera de EPS en proceso de liquidación termina siendo irrecuperable, lo que agrava el riesgo para la sostenibilidad del sistema. De concretarse el cierre de varias de estas entidades, las pérdidas podrían alcanzar hasta $4,5 billones.
Esta situación, advierten, representaría entre el 33 % y el 47 % de la cartera hospitalaria pública del país, una cifra que podría marcar la diferencia entre la viabilidad y el colapso financiero de múltiples hospitales en departamentos y municipios.
Frente a este escenario, los gobernadores pidieron al Gobierno la implementación de medidas urgentes que garanticen una transición ordenada, entre ellas la creación de una mesa de coordinación, mecanismos para proteger la cartera hospitalaria y claridad sobre el modelo de financiamiento y acceso a medicamentos.
Desde las regiones insistieron en que la salud no admite vacíos en los procesos de transición. Advirtieron que cualquier interrupción en la atención podría generar consecuencias graves e irreversibles para los pacientes, por lo que solicitaron que cualquier decisión se base en una planeación técnica, territorial y centrada en la protección efectiva de la población.
