La Fiscalía General de la Nación anunció que interpondrá un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunta manipulación de testigos. La decisión fue confirmada tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la absolución emitida en primera instancia, determinando que no existían pruebas suficientes para condenar al exmandatario.
Según informó la entidad, el recurso busca que la Sala de Casación Penal revise los fundamentos jurídicos del fallo absolutorio y determine si existieron errores en la valoración de las pruebas o en la interpretación de la ley. El anuncio marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes de la política colombiana reciente, y vuelve a poner bajo el foco público el actuar de la justicia en los casos que involucran a figuras de alto perfil.
Argumentos de la Fiscalía ante la Corte Suprema
De acuerdo con la Fiscalía General, la decisión de interponer el recurso se basa en la necesidad de salvaguardar la correcta aplicación del derecho y garantizar el principio de igualdad ante la ley. La entidad considera que los jueces de segunda instancia habrían incurrido en errores sustanciales de interpretación respecto a la valoración de testimonios y la credibilidad de los testigos que participaron en el caso.
El proceso de casación penal, que es un recurso extraordinario y excepcional, no busca reabrir el debate probatorio sino examinar si el fallo impugnado fue dictado conforme al orden jurídico vigente. Para ello, la Fiscalía deberá demostrar ante la Corte Suprema que la sentencia absolutoria contiene violaciones sustanciales a las normas procesales o materiales.
Fuentes judiciales indicaron que el equipo jurídico del ente acusador ya trabaja en la estructuración técnica del recurso, el cual deberá presentarse dentro de los términos legales. La casación, de ser admitida, permitiría que el alto tribunal revise los argumentos de fondo y eventualmente ordene un nuevo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad penal de Uribe Vélez.
Antecedentes del caso y posición de la defensa
El proceso contra el expresidente se originó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación por la presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda. Uribe, quien entonces era senador del Centro Democrático, renunció a su curul en 2020, trasladando el caso a la Fiscalía General bajo la competencia de la justicia ordinaria.
Tras varios años de audiencias y diligencias judiciales, el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia absolutoria en favor de Uribe en abril de 2024, decisión que fue apelada por la Fiscalía y ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá.
La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, ha sostenido que no existe evidencia que vincule a Uribe con los supuestos intentos de sobornar o manipular a testigos. Granados afirmó que la decisión del Tribunal confirmó la inocencia de su defendido y criticó la nueva actuación de la Fiscalía como un intento de prolongar un proceso “sin sustento jurídico”.
Por su parte, el exmandatario ha reiterado que las acusaciones en su contra hacen parte de una persecución política y agradeció a sus seguidores el respaldo recibido durante todo el proceso judicial.
Implicaciones políticas y jurídicas del recurso
El anuncio de la Fiscalía de acudir a la casación reaviva el debate sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Colombia. Diversos analistas han señalado que esta acción representa un intento del ente acusador por reafirmar su papel como garante de la legalidad y evitar que sentencias de alto impacto político queden sin revisión.
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite el recurso, un paso que podría tardar varios meses, dado el carácter técnico y excepcional del procedimiento. De ser aceptado, el alto tribunal analizará si las decisiones previas se ajustaron al debido proceso y si se respetaron los estándares de valoración probatoria exigidos por la ley.
En el ámbito político, el caso sigue polarizando a la opinión pública. Mientras los seguidores de Uribe interpretan la absolución como un triunfo de la justicia, sectores críticos sostienen que el uso del recurso extraordinario es una señal de que persisten dudas sobre la transparencia del proceso.
La evolución del caso será clave para la imagen institucional del país y para el futuro del expresidente, quien aún conserva una influencia significativa dentro del panorama político nacional.
