El escándalo del software Pegasus ha resurgido en Colombia tras las denuncias recientes del presidente Gustavo Petro, quien acusó al gobierno del expresidente Iván Duque de haber comprado este potente programa de espionaje en 2021. Durante un discurso en el mes de septiembre, Petro sorprendió al país al señalar que el software fue utilizado para interceptar ilegalmente las comunicaciones de líderes juveniles y opositores políticos, lo que ha generado una fuerte controversia y un llamado a la justicia para investigar el caso a fondo.
El presidente no solo hizo estas acusaciones, sino que también reveló detalles sobre la transacción y los involucrados, incluidos altos ejecutivos de NSO Group, la empresa israelí propietaria de Pegasus. Las declaraciones de Petro han capturado la atención nacional e internacional, reavivando el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia por parte de los gobiernos y las posibles violaciones a los derechos humanos.
El espionaje masivo en Colombia: lo que dice Petro sobre Pegasus
En sus intervenciones, Gustavo Petro afirmó que Pegasus fue utilizado en Colombia para espiar a la oposición y a líderes juveniles durante las protestas de 2021. Según el mandatario, el software fue introducido en el país bajo el gobierno de Duque mediante un acuerdo secreto con NSO Group, realizado en circunstancias irregulares. Petro ha sido enfático en señalar que la adquisición del software no fue para fines legítimos de seguridad nacional, sino para vigilar y controlar a la sociedad civil, especialmente en un momento de alta movilización social.
El presidente proporcionó detalles específicos sobre vuelos que, según él, transportaron a representantes de NSO Group, entre ellos el empresario israelí Oded Gindi y otros altos ejecutivos como Yehuda Lahav, Moshe Sahar y Ran Gonen, a Bogotá. Estos individuos, según Petro, habrían gestionado la venta de Pegasus con altos funcionarios del gobierno Duque, en transacciones que involucran más de 5.5 millones de dólares en efectivo, algo que Petro califica como un claro caso de lavado de activos.
“El software Pegasus fue traído para espiar al liderazgo juvenil popular de Colombia y a la oposición y sus comunicaciones durante más de seis meses”, aseguró el presidente a través de su cuenta en X (antes Twitter), subrayando la magnitud del caso, que comparó con el escándalo del Watergate.
NSO Group y su defensa ante las acusaciones
Ante las denuncias de Petro, NSO Group respondió rápidamente. La empresa emitió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad, afirmando que todas sus transacciones con Colombia fueron legales y realizadas con la debida autorización. “NSO es una compañía que cumple con las leyes. Todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley, con la debida documentación y las autorizaciones en ambos países”, declaró la compañía.
A pesar de la firme negación de la empresa, el punto que más llamó la atención es que NSO Group confirmó que, efectivamente, se llevó a cabo una transacción relacionada con Pegasus en Colombia, lo que coincide con las declaraciones del presidente Petro. Sin embargo, hasta el momento, no se han aclarado con qué entidad gubernamental se realizaron estos acuerdos ni cuáles fueron los fines exactos del uso del software en el país.
NSO Group también calificó de «inexactas» las afirmaciones que sugieren un uso indebido de Pegasus, y rechazó las acusaciones de lavado de activos. Esta defensa, aunque sólida, ha hecho poco para calmar las aguas, ya que el presidente Petro ha prometido entregar toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el caso.
El trasfondo político y las posibles consecuencias
Este escándalo no solo involucra cuestiones legales, sino también un fuerte componente político. Las acusaciones de Petro apuntan directamente al gobierno de su predecesor, Iván Duque, lo que ha generado una serie de reacciones entre los exfuncionarios y miembros del partido Centro Democrático, que niegan las acusaciones y acusan a Petro de politizar el caso para desacreditar la gestión de Duque.
Para algunos sectores de la sociedad, el uso de Pegasus representa una violación grave de la privacidad y los derechos humanos, y refuerza las preocupaciones sobre el uso indebido de las tecnologías de vigilancia en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han señalado los riesgos que implican estos programas de espionaje, que pueden ser utilizados no solo contra criminales, sino también contra ciudadanos comunes, activistas y opositores políticos.
El presidente Petro ha insistido en que este caso no quedará impune y ha pedido a las autoridades judiciales que actúen con celeridad. Sin embargo, el proceso judicial podría ser largo y complicado, dado el carácter internacional de las transacciones y la participación de una empresa como NSO Group, que ha estado envuelta en otros escándalos similares en diferentes países.
¿Qué sigue para Colombia?
La denuncia sobre Pegasus plantea preguntas urgentes sobre el control y la regulación de las herramientas de espionaje en Colombia. Si bien el uso de software de vigilancia puede justificarse en ciertos contextos de seguridad nacional, su mal uso para espiar a la oposición política o a movimientos sociales representa un ataque directo a la democracia.
El caso sigue en desarrollo, y la gran incógnita es cómo responderá la justicia colombiana ante estas graves acusaciones. Además, queda por ver si surgirán más detalles sobre la transacción de Pegasus y si el gobierno de Iván Duque o sus funcionarios enfrentarán consecuencias legales.
