La Fiscalía General de la Nación ordenó una serie de medidas urgentes de carácter policivo a favor del empresario de eventos Ricardo Leyva Páez, en el marco de una investigación penal por presunta extorsión agravada. La decisión se da en medio de un complejo escenario de denuncias cruzadas entre Leyva y su exesposa, Karen Santos García, quien a su vez lo acusa públicamente de violencia de género y violencia intrafamiliar.
Las determinaciones, reveladas inicialmente por la revista Cambio y confirmadas por otros medios nacionales, han generado cuestionamientos debido a la aparente asimetría en la adopción de medidas de protección, dado que Santos también ha presentado pruebas de presuntas agresiones sufridas durante su matrimonio.
Medidas ordenadas por la Fiscalía a favor del empresario
Las medidas fueron adoptadas por el fiscal 175 local de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, luego de avalar la denuncia presentada por Ricardo Leyva, quien aseguró ser víctima de extorsión y hostigamiento por parte de su expareja. Según su versión, Santos lo habría amenazado con divulgar contenido íntimo y con afectar su reputación profesional.
Con base en la manifestación de un “riesgo inminente”, el despacho judicial ordenó una prohibición absoluta de contacto por parte de Karen Santos hacia Leyva y su núcleo familiar. Esta restricción aplica para cualquier tipo de comunicación directa o indirecta, salvo que exista una orden judicial o legal superior que obligue dicho contacto, como podría ocurrir en casos relacionados con visitas a hijos menores. En esos escenarios excepcionales, cualquier interacción deberá limitarse estrictamente al cumplimiento del mandato legal y canalizarse preferentemente a través de terceros neutrales.
Adicionalmente, la Fiscalía dispuso que el empresario tenga derecho a atención prioritaria en cualquier Comando de Atención Inmediata (CAI) del país si manifiesta encontrarse en riesgo, así como acompañamiento policial inmediato para verificar su seguridad. El documento judicial también contempla la socialización de rutas y protocolos de atención especializada.
Denuncias de Karen Santos y pruebas presentadas
De manera paralela, Karen Santos García ha denunciado públicamente haber sido víctima de violencia física y psicológica durante su matrimonio con Leyva. Según información conocida por Cambio, la mujer aseguró haber sufrido agresiones de tal gravedad que debió acudir a servicios de urgencias médicas y que le ocasionaron la pérdida parcial de la visión en uno de sus ojos.
Santos también afirmó haber entregado a la Fiscalía un video en el que, presuntamente, se observa a Ricardo Leyva persiguiéndola con un cuchillo mientras la amenaza de muerte. De acuerdo con su testimonio, este material fue aportado como prueba ante las autoridades, sin que hasta el momento se haya traducido en medidas de protección efectivas o en un acompañamiento institucional visible.
En declaraciones al citado medio, Santos explicó que abandonó el hogar por miedo y señaló que su expareja tendría problemas con el consumo de alcohol. También afirmó haber recibido amenazas relacionadas con posibles represalias en su contra y contra su entorno familiar, asegurando que dichas advertencias estarían registradas en grabaciones.
Procesos paralelos y versiones contrapuestas
El caso se desarrolla en un contexto de procesos judiciales paralelos. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación por presunta extorsión contra Karen Santos, también existe un proceso vigente contra Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar, el cual, según información conocida por EL TIEMPO, se encuentra en etapa de indagación y habría avanzado de manera significativa.
Fuentes expertas citadas por Cambio explican que este escenario responde al diseño procesal del sistema judicial, en el que las denuncias cruzadas son asumidas por fiscales distintos que no comparten información durante la fase preliminar. Esta fragmentación ha permitido que ambos expedientes avancen de forma independiente e incluso con decisiones que resultan contradictorias en términos de protección.
Un caso en investigación y bajo escrutinio público
Las autoridades han reiterado que el caso continúa en investigación y que las decisiones adoptadas hasta ahora responden a valoraciones de riesgo dentro de procesos distintos. Sin embargo, el contraste entre las medidas otorgadas a Leyva y la situación de Santos ha generado debate público sobre la aplicación de los enfoques de protección en casos de violencia de género y denuncias cruzadas.
Por ahora, ambos procesos siguen su curso en la Fiscalía General de la Nación, mientras se analizan las pruebas presentadas por las partes y se definen eventuales responsabilidades penales.
