¿María Carolina Restrepo Cañavera, Directora del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, lo que no hizo el terremoto lo logró usted? ¿cómo sabía la Fundación Social Don Bosco, catorce días antes, que se quedaría con el trabajo de los hogares comunitarios de Pereira?
Siguen las desgracias afectando a los risaraldenses, hoy 115 madres comunitarias están desempleadas y sus familias sin sustento, sumandose a las miles de afectadas por el terremoto.
Estas son las perlas halladas en el contrato entregado a la Fundación Don Bosco de Valledupar, el mismo que durante años atenderon estas madres comunitarias a 1.150 niñas y niños.
Matricularon la fundación en Pereira el 16 de octubre.
El 15 de octubre la fundación celebró una asamblea extraordinaria (Acta 065) y designó directora ejecutiva a Eva María Castillo Vides. La designación se inscribió en la Cámara de Comercio de Valledupar el 16 de octubre, el mismo día de la matrícula en Pereira.
Y el 30 de octubre, quince días después, ella aprobó el contrato de $989 millones SECOP, sin convocatoria pública visible.
El personal lo salió a buscar el 30 de octubre, con el servicio ya iniciado.
Empezó a buscar personal después de iniciado el contrato
Las obligaciones del contrato empezaban el 1 de noviembre. El 2 de noviembre, la fundación emitió una “convocatoria abierta de talento humano” para el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en Pereira. En ella citó para el 3 de noviembre, en el salón social de una parroquia del barrio Poblado 1, a recibir hojas de vida, hacer la inducción y entrevistar candidatos.
Señora directora: ¿por qué el ICBF aprobó un contrato para iniciar al día siguiente con un operador que esa misma noche apenas empezaba a buscar su equipo de trabajo?
Señora directora: ¿qué personal acreditó la fundación antes de que el ICBF la escogiera? ¿Quién verificó que podía empezar a atender a los niños el 1 de noviembre?
Sin convocatoria y sin las asociaciones de madres, en 2024, este mismo servicio se adjudicó por invitación pública. En ella, las asociaciones de madres comunitarias ocupaban el primer lugar de prelación y las fundaciones el octavo. Además, el Manual de Contratación del ICBF permite invitar directamente a las asociaciones de madres comunitarias (artículo 35, literal h). En 2026, el contrato aparece en SECOP como “contratación régimen especial”, sin invitación, sin ofertas de otros interesados y sin la causal de selección publicada.
Señora directora: ¿qué causal del manual se aplicó? ¿A quién más se invitó? ¿Qué sucedió con las asociaciones de madres comunitarias de Pereira?
Las madres no se pueden traer de afuera
El propio ICBF exige que quien aspire a ser madre comunitaria haya residido al menos un año en el sector donde funciona el hogar. Y cuando el hogar funciona en su vivienda, debe facilitar por escrito ese espacio. Por eso, un operador recién llegado solo puede funcionar con las mismas madres, y en las mismas casas, de las organizaciones que fueron reemplazadas. Las madres denuncian presiones para que firmen con el nuevo operador.
Señora directora: ¿con qué madres y en qué casas va a operar la fundación? ¿Dónde está la infraestructura que acreditó?
La fundación reporta 39 contratos: 32 en Valledupar, 3 en Santa Marta, 3 en Barranquilla y 1 en Bogotá. Ninguno es en Risaralda
Señora directora: ¿qué experiencia específica le exigió el ICBF a la fundación Bosco, para operar hogares comunitarios en Pereira?
Los niños, sin atención
Madres comunitarias confirmaron a El Expreso que hoy, 9 de noviembre, las niñas y los niños de Pereira que siempre han sido atendidos por las madres comunitarias no están recibiendo el servicio. Las madres no tienen contrato con ningún operador desde que el ICBF le entregó el servicio a la fundación de Valledupar. Según ellas, la
atención está suspendida. En la misma época del año pasado, no se interrumpió.
Señora directora: ¿cuántos niños han sido atendidos cada día desde el 1 de noviembre? Si el operador no ha cumplido, ¿iniciará el ICBF el procedimiento de incumplimiento o terminará el contrato?
La versión del ICBF
La directora Restrepo Cañavera afirmó el 8 de noviembre que la selección de operadores es una facultad exclusiva del ICBF y se rige por su manual de contratación, y que los nuevos operadores ofrecieron vincular a las madres
comunitarias. La entidad también ha dicho que “no hay derechos adquiridos” y que la procedencia de un operador de otra región no es, por sí misma, una irregularidad.
El Expreso radicó hoy ante la directora general un derecho de petición con estas preguntas, que se publica completo junto a este artículo. La ley le da quince días hábiles para responder de fondo. Este medio publicará su respuesta y la de la Fundación Social Don Bosco. Esperamos su respuesta, señora directora.
