Una jornada de alta tensión y caos vehicular se vivió en el corredor vial que comunica a los municipios de Palmira y Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca. Decenas de ciudadanos, entre ellos usuarios del transporte público y residentes locales, quedaron completamente atrapados durante más de siete horas luego de que un grupo de manifestantes encapuchados bloqueara por completo la carretera a la altura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Lo que inició como una manifestación concentrada al interior del campus universitario escaló rápidamente hacia las afueras de las instalaciones, derivando en fuertes desórdenes, enfrentamientos con la fuerza pública y la destrucción de bienes tanto públicos como privados. Según informaron fuentes oficiales, la jornada se enmarcó en las movilizaciones anuales por la conmemoración del Día del Estudiante Caído, una fecha de alta carga simbólica para diversos sectores estudiantiles en el país. En esta oportunidad, la protesta civil fue sustituida por actos vandálicos perpetrados por personas con los rostros cubiertos, quienes impidieron el libre tránsito por esta importante arteria nacional.
Vandalismo contra el transporte público y ataques a la autoridad de tránsito
La alteración del orden público comenzó a agravarse cuando los encapuchados decidieron tomar de manera violenta las vías aledañas al centro educativo. Para consolidar el bloqueo, los manifestantes retuvieron un autobús de servicio público colectivo, el cual fue atravesado en mitad de la calzada para impedir de forma absoluta el flujo de vehículos. El automotor no solo sirvió como barricada, sino que fue objeto de graves vandalismos: los desconocidos destrozaron los asientos, rompieron los vidrios y procedieron a pintar grafitis sobre su carrocería.
La violencia de la jornada quedó registrada en múltiples videos que circularon con rapidez en las redes sociales. En uno de los episodios más rechazados por la comunidad, los manifestantes abordaron a una agente de tránsito de la localidad, le hurtaron su motocicleta oficial y posteriormente le prendieron fuego en plena vía pública. Asimismo, las autoridades denunciaron que, para entorpecer los operativos de control y evitar ser identificados por los organismos judiciales, varios encapuchados atacaron y destruyeron deliberadamente los sistemas de videovigilancia y las cámaras de seguridad situadas tanto en el perímetro como dentro del propio campus universitario.
Durante los enfrentamientos con la fuerza pública que acudió a intentar restablecer el orden, los manifestantes hicieron uso de artefactos explosivos de fabricación artesanal, conocidos popularmente como «papas bomba», los cuales fueron lanzados de manera continua contra los uniformados. El personero municipal de Palmira, William Andrey Espinoza, manifestó su enérgico rechazo ante la situación y declaró que las acciones cometidas sobrepasaron el derecho a la manifestación:
“Rechazamos y lamentamos que esto pase de una protesta pacífica a una protesta violenta y que raya en lo delictivo”.
El funcionario gubernamental confirmó que la principal preocupación del Ministerio Público durante las horas de crisis era el riesgo inminente de que el autobús vandalizado fuera incinerado en su totalidad, así como la desprotección en la que quedó el personal de tránsito agredido.
Mediación oficial y balance de las autoridades locales
Ante la magnitud del bloqueo y el impacto negativo en la movilidad del departamento, la administración municipal de Palmira coordinó la instalación inmediata de una mesa de diálogo y mediación. En este espacio interinstitucional participaron delegados de la Alcaldía, representantes del Ministerio Público y miembros de la Secretaría de Seguridad local, con el objetivo de negociar la reapertura de la vía nacional sin necesidad de recurrir a intervenciones que pusieran en riesgo la integridad de los allí presentes.
El teniente coronel (r) Carlos Antonio Ardila Rocha, actual secretario de Seguridad de Palmira, estuvo al frente de los acercamientos y explicó los detalles de la jornada de concertación que permitió destrabar el paso vehicular. De acuerdo con el funcionario, el acompañamiento de las autoridades fue permanente y se extendió hasta altas horas de la tarde, momento en el que finalmente los manifestantes accedieron a levantar los bloqueos. Durante el encuentro, los marchantes expusieron diversas inquietudes y peticiones enfocadas en la gestión local, las cuales recibieron respuesta por parte de los delegados del gobierno del municipio.
El balance oficial de la intervención arrojó un parte de tranquilidad en materia de afectaciones humanas, confirmándose que ninguna persona resultó herida ni con lesiones de gravedad gracias al éxito de las labores de mediación. No obstante, los perjuicios económicos para los trasportadores y los daños a la infraestructura vial y universitaria fueron cuantiosos. Tras el despeje de la ruta, los vehículos pesados y de servicio público que se encontraban retenidos pudieron reanudar sus recorridos, normalizando paulatinamente el flujo entre Palmira y Candelaria.
Con el restablecimiento de la libre circulación, diferentes gremios económicos y sectores civiles de la región han alzado su voz para exigir sanciones ejemplares. La ciudadanía ha solicitado de manera formal el inicio de una investigación penal exhaustiva que permita, mediante la recolección de los videos de seguridad ciudadanos y los registros que sobrevivieron al vandalismo, identificar y judicializar a los responsables de los daños materiales a los vehículos oficiales y particulares. Por el momento, los organismos de seguridad del Estado informaron que en las movilizaciones participaron cerca de 100 estudiantes, y hasta el cierre de esta edición no se han reportado personas capturadas de forma oficial por estos desmanes.
