Un severo debate sobre el manejo de la gestión presupuestal y administrativa ha puesto la lupa fiscal sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las denuncias hechas por la senadora María Clara Posada, perteneciente al partido Centro Democrático, exponen presuntas inconsistencias en la adquisición de sedes físicas, el incremento de la nómina estatal, el gasto de dotación y la estructura de las entidades propietarias de los inmuebles arrendados por el tribunal transicional.
El incremento en la nómina de personal y la necesidad de una segunda sede
La controversia tiene su origen en el crecimiento de la planta laboral de la entidad. Según las denuncias presentadas, en el año 2017 la Agencia Nacional de Inmuebles Virgilio Barco realizó las proyecciones iniciales estimando que el tribunal contaría con un total de 1.057 empleados. Con base en ese cálculo, se seleccionó el edificio Torre Squadra como la sede principal bajo el argumento explícito de que la JEP debía centralizar todas sus funciones en un solo inmueble para optimizar la operación y los costos.
No obstante, para el año 2024, la planta de personal del organismo judicial alcanzó la cifra de 1.455 empleados. Este incremento llevó a la administración a argumentar un problema de espacio para ubicar a 402 funcionarios pertenecientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), quienes ya no cabían en la edificación original. Como solución, en 2024 se suscribió un contrato de arrendamiento para una segunda sede por un valor de $10.730 millones de pesos, con vigencia entre 2024 y 2026.
Frente a esta justificación, la senadora Posada cuestionó severamente la lógica de planificación de la entidad. La congresista calificó el procedimiento como una «dinámica perversa con los recursos públicos», asegurando que se aumentó la planta de personal para sustentar la necesidad de arrendar nuevas instalaciones. Según su postura, si desde un principio se hubiese contemplado una operación dividida en múltiples instalaciones, la administración habría podido optar por una sede principal con cánones de arrendamiento notablemente más bajos. La legisladora remarcó además la contradicción entre este incremento del gasto y los reclamos del tribunal ante el recorte presupuestal de $170.000 millones de pesos proyectado para el año 2027.
Costos de arrendamiento y gastos adicionales en amoblamiento
El análisis de la contratación de la sede principal revela cifras de gran magnitud. El contrato de arrendamiento inicial del edificio Torre Squadra, estipulado para el periodo comprendido entre 2017 y 2026, representa un compromiso financiero acumulado de $160.005 millones de pesos.
Uno de los argumentos clave que utilizó la Agencia Virgilio Barco en 2017 para justificar la elección de Torre Squadra sobre otras alternativas fue que el edificio contaba con el amoblamiento requerido para entrar en funcionamiento. Sin embargo, los registros contractuales muestran que en el año 2019 la JEP realizó un contrato adicional por $3.337 millones de pesos destinado de manera específica al mobiliario y adecuación de las salas de audiencias. Esta erogación suplementaria ha sido objeto de críticas, al considerarse una duplicación de costos sobre un aspecto que teóricamente ya estaba resuelto en la selección inicial del bien.
Hallazgos sobre la estructura societaria de los propietarios
El tercer pilar de las revelaciones concierne a la propiedad del inmueble donde funciona la sede principal de la jurisdicción. De acuerdo con las indagaciones presentadas por la congresista del Centro Democrático, detrás de la titularidad del edificio Torre Squadra opera una red corporativa compuesta por 18 empresas vinculadas a un mismo grupo familiar.
Lo que llama la atención de las autoridades de control es que 13 de estas 18 sociedades se encuentran registradas en jurisdicciones extranjeras catalogadas como paraísos fiscales o de baja imposición tributaria, entre las que se destacan Delaware (Estados Unidos), las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La presencia de esta arquitectura financiera internacional en los contratos de arrendamiento firmados por una entidad del Estado ha generado llamados a revisar la transparencia en la contratación pública y los beneficiarios finales de los recursos del tesoro nacional.
