La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) radicó una querella penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, y la secretaria general de la institución, Ana María Laspriella Steevens. La acción judicial, anunciada públicamente el 27 de octubre de 2026, advierte una presunta infracción al artículo 200 del Código Penal colombiano, norma encargada de proteger los derechos fundamentales de reunión y asociación sindical.
El origen de la controversia se remonta al 14 de septiembre de 2026, fecha en la que el sindicato envió una solicitud formal dirigida a Jesurún y a la presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). En dicha comunicación, la agremiación pidió autorización para sostener un encuentro presencial con los jugadores convocados a la Selección Colombia de mayores durante la concentración realizada en Estados Unidos, previa a un partido amistoso programado en Baltimore en el marco de una fecha FIFA.
Según detalló la organización gremial, la reunión tenía como propósito informar a los deportistas sobre los avances y asuntos pendientes de la negociación colectiva con las entidades rectoras del balompié nacional. Asimismo, los representantes buscaban explicar los alcances de un acuerdo suscrito entre la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), entregar material institucional de la asociación y recoger inquietudes directas de los futbolistas respecto a sus condiciones actuales de trabajo.
Posturas enfrentadas sobre el acuerdo de 2025
Para respaldar su petición, Acolfutpro invocó un acuerdo laboral firmado el 24 de marzo de 2025 en Barranquilla, suscrito con la participación del Ministerio del Trabajo, documento que contemplaba garantías para promover espacios de diálogo entre el gremio y los futbolistas. No obstante, la dirigencia de la Federación rechazó la solicitud argumentando que la organización peticionaria no correspondía jurídicamente a la misma entidad que firmó aquel pacto, debido a la existencia de un nuevo registro sindical.
Adicionalmente, la FCF sostuvo en su respuesta que el compromiso de facilitar acercamientos ya se había cumplido mediante una reunión celebrada en octubre de 2025. Frente a esta interpretación, el sindicato manifestó su desacuerdo al señalar que el derecho de los deportistas a mantener comunicación con sus representantes no puede restringirse a un único encuentro, asegurando que la negativa afectó «de forma directa nuestro derecho constitucional de asociación».
Antecedentes internacionales y tensión con el Gobierno
En la denuncia presentada ante el ente acusador, Acolfutpro afirmó que el episodio ocurrido en territorio estadounidense no constituye un hecho aislado, sino una conducta sistemática orientada a obstaculizar su labor. Como sustento, enumeró tres antecedentes similares registrados durante concentraciones previas del combinado nacional: en Río de Janeiro (Brasil) durante 2021, en Nueva Jersey (Estados Unidos) en 2022 y en Valencia (España) en 2023. A estos señalamientos sumó reclamos por presuntas trabas a la negociación colectiva y acciones judiciales promovidas contra la organización, incluida una demanda dirigida contra su registro sindical.
La conflictividad laboral registró un nuevo episodio el 11 de noviembre de 2026, cuando la agremiación informó públicamente que tanto la FCF como la Dimayor se excusaron y no asistieron a una mesa de negociación convocada por la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad. Dicha citación formaba parte de las gestiones del Ministerio del Trabajo, durante el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, para buscar soluciones a la conflictividad sociolaboral y garantizar el derecho a la negociación colectiva. Para el sindicato, la inasistencia representó una reincidencia en el desconocimiento de las garantías laborales de los jugadores.
Alcance jurídico y sanciones del Código Penal
A través de su pronunciamiento oficial, Acolfutpro solicitó a las autoridades competentes adelantar una investigación a fondo que permita determinar la responsabilidad penal e individual de Ramón Jesurún y Ana María Laspriella Steevens, con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales en el país. El gremio reiteró que la intervención de la Fiscalía General de la Nación resulta necesaria para evitar que persistan restricciones al ejercicio de la libertad sindical en el fútbol colombiano.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 200 del Código Penal, quien impida o perturbe una reunión lícita, obstaculice el ejercicio de derechos laborales o tome represalias por motivo de una huelga, reunión o asociación legítimas podrá enfrentar penas de uno a dos años de prisión y multas económicas que oscilan entre 100 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La legislación contempla además circunstancias agravantes que elevan la sanción de tres a cinco años de cárcel y multas de 300 a 500 salarios mínimos. La presentación de la querella no implica una declaratoria de culpabilidad, por lo que corresponderá a la Fiscalía evaluar los hechos denunciados y establecer si existe mérito jurídico para avanzar en un proceso penal.


