La Contraloría General de la República advirtió graves inconsistencias entre los bienes y recursos que las antiguas Farc reportaron como parte de su compromiso de reparación a las víctimas y lo que realmente ha sido entregado al Estado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Según el más reciente informe de seguimiento del ente de control, de los $12.070 millones en efectivo que el extinto grupo armado aseguró tener disponibles, solo se han entregado $2.100 millones, lo que representa apenas el 17 % de lo prometido. El hallazgo se da en el marco de la supervisión a las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenan medidas de reparación material por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La Contraloría también encontró una brecha significativa en la entrega de bienes. De 722 inmuebles declarados, solo uno ha sido transferido efectivamente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En cuanto a otros activos, como ganado, joyas y oro, los niveles de cumplimiento también son bajos. De más de 24.000 semovientes reportados, apenas 258 han sido entregados, y del oro declarado, solo una parte fue monetizada para la atención de víctimas.

El informe advierte, además, irregularidades durante el proceso de monetización de algunos recursos. Entre los hallazgos se detectó la entrega de dólares falsos, lo que, según el ente de control, retrasa los procesos de reparación y genera dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Déficit para cumplir con las reparaciones

De acuerdo con la JEP, las medidas restaurativas ordenadas en las sentencias requieren cerca de $121.858 millones, pero para 2026 solo se tienen asegurados alrededor de $20.000 millones, lo que representa un desfinanciamiento superior al 80 %. Esta situación obliga al Estado a cubrir los faltantes con recursos públicos, afectando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.

La Contraloría señaló que, aunque con los recursos entregados se han ejecutado indemnizaciones colectivas e individuales y contratos de reparación por más de $45.000 millones, el aporte de las antiguas Farc resulta insuficiente frente a las obligaciones pendientes con las víctimas del conflicto armado.

Tras la publicación del informe, Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz por el componente Comunes, aseguró que la entrega de bienes se realizó mediante un proceso “transparente” y auditado por la ONU y la SAE. Argumentó que factores de seguridad y violencia en los territorios impidieron recuperar algunos activos y sostuvo que “no hay más bienes para entregar”, aunque señaló que existen predios pendientes de formalización.

La Contraloría, por su parte, reiteró que su labor se limita a verificar cifras reportadas y entregadas, y llamó a las entidades responsables a identificar los cuellos de botella del proceso y adoptar correctivos que permitan garantizar los recursos destinados a la reparación de las víctimas.

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