En una jornada marcada por la urgencia legislativa y el asedio de las protestas, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este miércoles una ley trascendental que elimina las trabas legales para que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno. La medida, que ya contaba con el visto bueno del Senado, deja en manos del presidente Rodrigo Paz la facultad de activar operativos militares para desbloquear las principales rutas del país, las cuales completan más de un mes bajo el control de sectores opositores.
La sesión parlamentaria tuvo un carácter excepcional al desarrollarse de forma virtual. El impedimento físico de muchos legisladores para trasladarse hasta La Paz, debido precisamente a la contundencia de los bloqueos, obligó a utilizar plataformas digitales para un debate que se extendió por más de cinco horas. El núcleo de la nueva normativa es la derogación de protocolos anteriores que, según los promotores de la ley, limitaban la capacidad de respuesta del Estado cuando la Policía Nacional se veía sobrepasada por la violencia de los manifestantes.
Un cambio en el paradigma de la seguridad interna
El debate en el Congreso reflejó la profunda polarización que fractura a la sociedad boliviana. El diputado Carlos Alarcón, uno de los principales defensores de la reforma, argumentó que la legislación previa servía de «escudo» para grupos que utilizan la violencia sistemática como herramienta política. Según Alarcón, las restricciones eliminadas impedían que las Fuerzas Armadas actuaran de manera efectiva en situaciones donde la seguridad nacional y el abastecimiento básico estaban en riesgo inminente.
«Esta ley no busca reprimir la protesta legítima, sino dar herramientas al Estado para proteger el derecho a la vida, a la salud y a la libre circulación de millones de bolivianos que hoy son rehenes de los bloqueos», señaló una fuente legislativa durante la sesión. Por el contrario, voces críticas como la del diputado Edwin Valda alertaron sobre los peligros de «militarizar» el conflicto social. Valda sostuvo que esta medida podría escalar la violencia y dejar en una situación de vulnerabilidad a los ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica, eliminando las garantías de protección frente al uso de la fuerza pública.
Es importante precisar que, aunque la ley facilita el despliegue militar, su aprobación no implica la declaración automática de un estado de excepción. La norma establece el marco jurídico necesario para que, en caso de que el Ejecutivo lo considere indispensable, las tropas puedan salir a las calles y carreteras con un respaldo legal que evite futuras persecuciones judiciales contra los uniformados por cumplir su labor de restablecimiento del orden.
El costo económico y humano de un mes de parálisis
La celeridad con la que el Congreso ha actuado responde a una realidad asfixiante en las regiones bolivianas. Tras casi cuatro semanas de Paro Nacional y desmanes, la economía del país se encuentra en un punto crítico. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas ha disparado la inflación y generado largas filas en los centros de abasto de las principales ciudades.
Las autoridades sanitarias han reportado incidentes de extrema gravedad, incluyendo denuncias sobre personas que perdieron la vida al no poder ser trasladadas a centros hospitalarios debido a la intransigencia en los puntos de bloqueo. Asimismo, se mantiene abierta una investigación sobre la muerte de un ciudadano durante un operativo policial previo, un hecho que ha servido de combustible para las organizaciones que exigen la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz.
El gobierno de Paz ha intentado mitigar el descontento social mediante medidas de austeridad, como el reciente anuncio de un recorte del 50% en los salarios del gabinete ministerial, buscando enviar un mensaje de solidaridad ante la crisis económica. Sin embargo, estos gestos no han sido suficientes para aplacar a los sindicatos y movimientos sociales que mantienen su postura de resistencia en las carreteras, exigiendo cambios estructurales y la salida del mandatario.
El protocolo de protesta social en el centro de la disputa
Uno de los puntos más polémicos de la sesión fue la modificación del Protocolo sobre protesta social. Los legisladores de la oposición radical sostienen que la nueva ley vulnera acuerdos internacionales de derechos humanos al permitir que el Ejército participe en tareas que deberían ser exclusivamente policiales. No obstante, el oficialismo insiste en que los ataques a la fuerza pública y el uso de explosivos por parte de algunos manifestantes han transformado las protestas en un conflicto que requiere una capacidad de respuesta superior.
En los últimos días, se han registrado ataques directos a uniformados y saqueos a comercios, lo que ha reforzado la narrativa gubernamental sobre la necesidad de un plan de seguridad nacional más robusto. La firma del presidente Paz es el único requisito restante para que la ley entre en vigor, un paso que se da por descontado en las próximas horas dada la urgencia manifestada por el Palacio Quemado.
Con las Fuerzas Armadas autorizadas para intervenir, Bolivia entra en una fase de incertidumbre total. El éxito de la medida dependerá de la capacidad del gobierno para desbloquear el país sin generar un enfrentamiento civil de mayores proporciones, en un escenario donde el diálogo parece haber sido reemplazado definitivamente por la demostración de fuerza. La comunidad internacional observa con cautela, mientras la población civil aguarda el fin de una parálisis que ya ha dejado huellas profundas en el tejido social y productivo de la nación andina.
