La Fiscalía General de la Nación anunció una decisión clave en la investigación por el fallecimiento de la menor Valeria Afanador, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en agosto del año pasado en un río del municipio de Cajicá, Cundinamarca. El ente acusador confirmó que imputará cargos por el delito de homicidio culposo a una de las profesoras de la institución educativa y a un miembro del personal de seguridad, al determinar presuntas fallas graves en sus deberes de custodia y protección hacia la estudiante.
La menor había desaparecido el 12 de agosto de 2025 dentro de las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. Tras un período de intensa búsqueda que se prolongó durante 17 días, su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en las aguas de Río Frío, en un punto localizado a escasos 200 metros de la infraestructura del centro educativo. El avance judicial se conoció formalmente mediante una respuesta institucional emitida por la fiscal delegada ante los jueces del circuito, María Camila Prieto Méndez, en atención a un derecho de petición interpuesto por el abogado de la familia de la víctima, Julián Quintana Torres.
Las presuntas omisiones del personal implicado
La determinación de la Fiscalía responde de manera directa a la solicitud formal elevada en enero pasado por la defensa técnica de la familia de la menor. En dicho requerimiento, los representantes legales de la víctima argumentaron con vehemencia que no se suministraron los cuidados ni las medidas de seguridad básicas y necesarias para garantizar la integridad de Valeria Afanador dentro del plantel.
De acuerdo con el documento oficial que fundamenta la decisión judicial, la docente Emely Viviana Fuentes Hernández habría incurrido en un directo «incumplimiento de sus deberes funcionales de vigilancia y control». La Fiscalía señala que la profesora presuntamente permitió la salida de la estudiante de su respectiva aula de clases sin desplegar de manera oportuna ni eficiente los mecanismos de protección obligatorios y exigibles para la seguridad de los menores de edad bajo su cargo.
Por otra parte, la imputación cobija igualmente al vigilante de la institución, identificado como Diego Orlando Pinzón Perilla. Según los hallazgos descritos por los investigadores, el encargado de la seguridad privada «advirtió una situación anómala» al percatarse de la presencia física de la menor de edad fuera de su salón de clases en un horario estrictamente no autorizado. A pesar de ostentar jurídicamente una posición de garante y de contar con la capacidad real y concreta de intervenir para corregir la situación, el funcionario presuntamente «optó por la inacción absoluta». Con este comportamiento pasivo, según expone el documento de la Fiscalía, se permitió que el escenario de riesgo se mantuviera y se proyectara de forma crítica en el tiempo, desencadenando el desenlace fatal.
Compulsa de copias por posibles infracciones ambientales
Más allá del ámbito estrictamente penal que rodea la trágica muerte de la estudiante por el cargo de homicidio culposo, la defensa de los allegados de la menor también solicitó información detallada sobre otras posibles irregularidades vinculadas al colegio campestre. En particular, se indagó sobre el trámite y traslado de denuncias relacionadas con presuntas infracciones al medio ambiente cometidas por el establecimiento educativo en las inmediaciones de la zona donde ocurrieron los hechos.
Frente a este punto particular, la Fiscalía 01 de Vida confirmó que ya se hizo efectiva la respectiva compulsa de copias ante las autoridades competentes. Esto significa que se ha dado traslado oficial de las evidencias y testimonios a las entidades ambientales encargadas de vigilar y sancionar cualquier comportamiento ilegal que atente contra el entorno natural de la zona rural de Cajicá, de modo que se evalúe de forma independiente si el colegio incurrió en desacatos a la normativa ambiental vigente.
Con la confirmación de estas imputaciones, el proceso judicial entra en una etapa crucial en la que la Fiscalía General de la Nación buscará demostrar ante los jueces de la República la responsabilidad penal individual de los implicados, bajo la premisa de que la negligencia y la omisión de las funciones básicas de cuidado residencial y escolar fueron determinantes en el fallecimiento de la menor Valeria Afanador. Las audiencias de formulación de imputación se llevarán a cabo en los próximos días de acuerdo con los agendamientos de los juzgados competentes.
