La región del Catatumbo vuelve a convertirse en el epicentro de la violencia tras registrarse un letal ataque que cobró la vida de un integrante de la Fuerza Pública. Un soldado profesional de la República falleció y otros cuatro militares resultaron heridos este martes luego de ser blanco de un atentado con artefactos aéreos no tripulados (drones) cargados con explosivos.
El atentado ocurrió en la zona rural del municipio de El Tarra, ubicado en el departamento de Norte de Santander, mientras unidades militares adelantaban labores de control en el sector. Las autoridades del Ejército Nacional atribuyeron oficialmente la responsabilidad de esta acción criminal al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado ilegal con fuerte presencia e influencia histórica en esta zona fronteriza.
Detalles de la incursión armada contra las tropas
De acuerdo con el reporte oficial suministrado por los mandos de la institución, la agresión se perpetró de manera directa contra los integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11, unidad adscrita a la Segunda División de la institución castrense. Las tropas se encontraban desplegadas en el terreno desarrollando operaciones de seguridad destinadas a brindar protección a la población civil civil frente a las amenazas de las organizaciones criminales que operan en la subregión.
Durante los procedimientos en el área rural de El Tarra, los uniformados fueron sorprendidos por la detonación de las cargas explosivas transportadas y liberadas mediante el uso de drones. La víctima mortal de este ataque fue plenamente identificada como el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del departamento del Chocó, quien perdió la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas en el lugar de los hechos.
Por su parte, los cuatro militares lesionados durante las explosiones recibieron los primeros auxilios en el sitio de la emergencia y, de manera inmediata, se coordinó una operación de evacuación médica de urgencia. Mediante helicópteros de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y el soporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los heridos fueron trasladados a centros médicos especializados en la ciudad de Cúcuta, donde permanecen bajo estricta observación y atención del personal de salud.
Posteriormente a la agresión inicial, la comunidad de la zona reportó presuntas ráfagas de fusil dirigidas contra una aeronave militar que realizaba sobrevuelos de inspección y apoyo logístico en el sector. Sin embargo, esta segunda hostilidad contra las aeronaves institucionales se mantiene bajo verificación y no ha recibido confirmación formal por parte del estamento militar.
Rechazo institucional y violación del DIH
A través de un pronunciamiento oficial, la comandancia de la Segunda División del Ejército Nacional condenó enfáticamente este método de guerra. El cuerpo militar aseveró de manera categórica que el empleo sistemático de drones acondicionados con sustancias explosivas por parte de grupos al margen de la ley constituye una flagrante vulneración a los derechos humanos y una grave infracción a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Asimismo, la institución militar recalcó que estas prácticas representan un peligro inminente y letal tanto para las unidades desplegadas de la Fuerza Pública como para la población civil que habita las veredas y caseríos del Catatumbo, dado el margen de imprecisión e indiscriminación que poseen estos elementos no convencionales.
Ante este escenario, el mando militar confirmó la continuidad e intensificación de las tareas ofensivas y de inteligencia en toda la jurisdicción rural de El Tarra y municipios aledaños. La meta explícita de las operaciones en curso se enfoca en la identificación, localización y captura de los autores materiales e intelectuales detrás del atentado que sesgó la vida del uniformado chocoano. Asimismo, el Ejército expresó su solidaridad y el acompañamiento permanente a la familia del soldado José Mariano Dumaza Conchave ante este deceso.
Preocupación por la escalada tecnológica del conflicto
El uso de dispositivos tecnológicos adaptados con fines bélicos agudiza la crisis humanitaria y de seguridad que padece el Catatumbo. En esta región del oriente colombiano confluye una prolongada y violenta disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, organizaciones que rivalizan por el control de las economías ilícitas y las rutas de movilidad estratégica.
Los registros de las plataformas locales de derechos humanos evidencian la preocupante regularidad que ha tomado esta táctica criminal. Según métricas de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, en el transcurso del último año calendario se han documentado más de 75 ataques con drones en los diversos municipios de esta subregión. Esta nueva modalidad delictiva acumula un saldo lamentable de al menos 20 personas fallecidas, divididas entre combatientes de la Fuerza Pública y miembros de la sociedad civil.
Este flagelo ya ha cobrado víctimas infantiles en la zona. El pasado 19 de junio, un ataque similar perpetrado con un artefacto no tripulado impactó una vivienda familiar, ocasionando la muerte de un menor de 13 años y heridas a otras cinco personas de su núcleo familiar, incluidos dos infantes. En dicho evento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción bélica a los frentes disidentes de las FARC, argumentando que dichos actos forman parte de la abierta confrontación que libran contra las estructuras del ELN por la hegemonía regional.
