El Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda de pérdida de investidura presentada contra el exsenador Juan Pablo Gallo y otros ocho congresistas, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La acción fue interpuesta por el abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien solicita que se evalúe la conducta de los congresistas por presuntas gestiones indebidas para obtener cargos burocráticos y contratos en la UNGRD, hechos que podrían configurar tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.
La demanda se sustenta en las declaraciones entregadas ante la Fiscalía por Olmedo López y Sneyder Pinilla, y recuerda que varios de los congresistas señalados ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
