Según información obtenida por la revista Semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría concluido que el presidente Gustavo Petro y su familia fueron objeto de seguimientos y persecuciones prolongadas, incluso después de la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2011. Estos actos se habrían extendido hasta el año 2020, según el tribunal, lo que podría llevar a una reparación económica y material para la familia Petro
La defensa de la familia argumenta que la persecución no solo no cesó con la disolución del DAS, sino que persistió durante años. Se respaldan en informes periodísticos, una inspección de la Procuraduría y un dictamen de la Corte Suprema de Justicia para sustentar sus alegatos. El abogado Óscar Eduardo Ortiz destaca la importancia de considerar de manera autónoma el daño al buen nombre como un derecho fundamental, independiente de otros perjuicios
En septiembre de 2021, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) señaló que la información contable proporcionada al DAS estaba respaldada por la ley, asegurando que no se necesitaba una orden judicial para acceder a las bases de datos. Además, la UIAF indica que la información no se utilizó para perjudicar a Gustavo Petro, ya que no se encontraron irregularidades. Directores clave del DAS, Fernando Alfonso Tabares y Jorge Alberto Lagos, respaldan esta afirmación.
El abogado Eduardo Ortiz revela que desde la década de 1970 ha existido una «persecución permanente y continua» hacia el proyecto político que ahora representa Gustavo Petro, abriendo la posibilidad de nuevas acciones legales contra el Estado colombiano.
El foco del debate recae en la responsabilidad del Estado en estas supuestas violaciones a los derechos de Gustavo Petro y su familia, y si esto se traducirá en una compensación económica por los daños causados. La demanda se basa en la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en junio de 2020, que vincula el nombre de Petro en documentos obtenidos durante allanamientos en una unidad militar, generando preocupaciones sobre posibles violaciones de privacidad y derechos.
La falta de pronunciamiento por parte de la Procuraduría también es señalada por la defensa como un elemento destacado. La demanda incluye a la esposa e hijos de Gustavo Petro, argumentando un «daño moral» considerable debido al «miedo y aislamiento» en el que supuestamente viven. También se menciona al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, involucrado en el escándalo del ‘pacto de La Picota’.
En respuesta, el Estado, representado por Fiduprevisora, sugiere que la familia Petro tenía conocimiento de las circunstancias desde octubre de 2008, lo que podría anular la demanda por caducidad. Además, resalta la necesidad de distinguir claramente entre los términos utilizados en la demanda, especialmente en lo que respecta a los daños morales y la afectación del buen nombre.
