El exalcalde y actual candidato a la Cámara, Rodrigo Toro, intentó amordazar a este medio mediante una acción de tutela, pero la justicia lo desenmascaró. A través de la Sentencia 2026-00038 del 17 de febrero de 2026, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal falló a nuestro favor, dictaminando categóricamente que nuestra
investigación periodística «no es falsa, errónea o carente de sustento fáctico, en el entendido que la misma fue corroborada con la prueba documental».
La matemática de un negocio escandaloso
Presten atención a las cifras de esta administración, en febrero de 2021, un inmenso predio rural de 19 hectáreas (conocido como La Natalia) fue avaluado en $568 millones. De allí salió el Lote C (77.000 metros cuadrados), al cual se le calculó un valor proporcional en escrituras de $229 millones al entrar a un fideicomiso.
¡Pero asómbrense!
Solo dos años después, en septiembre de 2023, la Alcaldía de Rodrigo Toro pagó la astronómica suma de $1.500 millones por una minúscula fracción de ese mismo terreno, el Lote C5 de apenas 6.900 metros cuadrados. Es decir, pagaron más de seis veces el valor proporcional por menos de la décima parte de la tierra.
Mientras tanto, un avalúo independiente realizado en 2026 por peritos certificados conceptuó el precio comercial en apenas $692 millones. Ni la mitad de lo que pagó Toro.
El inminente peligro validado por la justicia
Lo más grave no es solo el precio, sino a dónde querían enviar a las 84 familias vulnerables de La Trinidad. El fallo judicial que le dio la razón a este medio ratifica lo que advirtieron los entes técnicos, según el informe de la UNGRD, el predio se encuentra en una zona de depósitos aluviales susceptible a inundación cuando el Río San Eugenio aumenta su caudal, concluyendo que el proyecto allí «no es factible». El mismo fallo confirma que la CARDER también arrojó la existencia de riesgos respecto al inmueble.
La trampa para los damnificados
Además de los riesgos ambientales, el terreno presenta un problema topográfico, es más bajo que la red de alcantarillado. Esto obliga a que las aguas residuales de las futuras viviendas deban ser bombeadas las 24 horas del día hacia la red madre.
Tras consultar a Empocabal, confirmaron que, si la desarrolladora del proyecto vecino (Serranía Natura) no facilita de forma gratuita la estructura después de un permiso provisional de 5 años, Empocabal NO asumirá los costos.
¿Quién pagará entonces los millonarios recibos de energía y mantenimiento de ese bombeo eterno?
Las mismas familias pobres que supuestamente iban a ser beneficiadas. A esto se suma el calvario de vivir frente al Río San Eugenio, recibiendo los fétidos olores y descargas de la empresa de curtimbres cercana.
La intimidación que fracasó
En su afán por silenciarnos, el candidato Toro acudió a las amenazas por WhatsApp, presumiendo de su intelecto: «Para eso estudié derecho y disfruto mucho cuando personajes como usted tienen que salir a retractarse», nos
escribió.
Hoy, la realidad le da un duro golpe a su arrogancia, el juez determinó que en El Expreso no hay fake news, sino periodismo con pruebas. Ahora será el candidato quien deba dar explicaciones a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría por esta cuestionada compra de $1.500 millones, un lote para unas casas que, a la fecha, siguen
sin construirse.
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En los expedientes de la Notaría 2a de Pereira y en los comprobantes de pago del municipio reposa la historia documental de estas asombrosas matemáticas. Qué bueno sería que le expliquen a Santa Rosa cómo es posible que, en 2021, la Empresa de Servicios Temporales Tempoeficaz S.A.S. (junto a sus socios) tuviera un inmenso terreno de 19 hectáreas avaluado en $568 millones, del cual separaron el Lote C (7 hectáreas) fijándole un valor proporcional en escrituras de apenas $229 millones al entregarlo a un fideicomiso (Fideicomiso Proyecto Natura Santa Rosa del Cabal).
¿Cómo justifican que, solo dos años después, la Desarrolladora Tucasa S.A.S. terminara pasándole cuenta de cobro y recibiendo de la Alcaldía de Rodrigo Toro la absurda suma de $1.500 millones por un minúsculo pedazo de ese mismo terreno (el Lote C5 de apenas 6.900 metros)?
¿Cómo explican la «magia» de pasar de $229 millones por 77.000 metros a cobrar $1.500 millones por menos de la décima parte de la tierra, en un negocio a todas luces desigual y desventajoso para el municipio?
