Cometieron un fraude con documentos falsos contra la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Lo denuncié. Y en respuesta, me pusieron una tutela. Este video es la verdad completa.
¿Qué pasó?
Desde 2017, la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal tenía embargado un predio en la Asociación de Vivienda Mirador de La Villa — matrícula inmobiliaria 296-36319 — porque la Asociación de Vivienda Mirador de la Villa tenía una deuda de impuesto predial que, para 2025, ya ascendía a 374 millones de pesos.
El embargo era la garantía del municipio para recuperar ese dinero. Y el 31 de enero de 2025, alguien levantó ese embargo con un documento falso.
El documento que se presentó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos aparecía firmado por Alejandra María Chica Naranjo, la tesorera del municipio, solicitando el levantamiento de la medida cautelar — supuestamente porque la deuda había sido pagada.
Pero cuando le pregunté directamente a la tesorera, su respuesta fue contundente: ESTE DESPACHO NO HA SOLICITADO EL LEVANTAMIENTO. Y el predio sigue debiendo los 374 millones.
La pregunta que me hice es muy simple: ¿Cuánto tiempo tardaron en actuar?
Aquí están los hechos, con fecha y documento:
¿Lo ven? El municipio tardó dos meses en pedir el documento, cinco meses en denunciar, y durante todo ese tiempo no dijo una sola palabra públicamente. Y cuando lo conté, me pusieron una tutela.
El 13 de enero de 2026, cinco días después de la publicación, el Alcalde Paulo César Gómez Hoyos y seis funcionarios del municipio interpusieron una acción de tutela contra mí, pidiendo que rectificara, que borrara el artículo, que eliminara las fotos, y que publicara una disculpa pública.
El 27 de enero de 2026, el Juzgado Segundo Civil Municipal concedió la acción de tutela y ordenó rectificación. Impugnamos la decisión. El proceso pasó a segunda instancia ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.
Y allí ocurrió algo determinante: el juez de segunda instancia declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la tutela, al considerar que el despacho municipal no era competente para conocer el caso.
La pregunta periodística que sigue es: ¿por qué tardaron meses en denunciar? ¿Por qué no informaron a la ciudadanía en el momento de conocerse los hechos sino después de que yo lo hiciera público? ¿Cómo se concedieron licencias de construcción sobre un predio embargado?
El predio seguía debiendo 374 millones. El embargo había estado levantado por cuatro meses. Noventa lotes habían sido subdivididos y vendidos de ese predio durante ese tiempo.
Después de todo lo que les he contado, hay preguntas que ninguna tutela puede coartar:
Primera: ¿Cómo una persona externa logró presentar físicamente un documento falso ante la Oficina de Registro sin que nadie lo verificara? La propia Superintendencia de Notariado y Registro reconoce que el trámite no pasó por el aplicativo SAIA, que es el canal oficial.
Segunda: La persona que radicó la solicitud se identificó como Sigifredo García — con referencia a la Resolución 2814 de 2017 de la Alcaldía. ¿Quién es Sigifredo García y cómo tenía ese número de resolución?
Tercera: ¿El Secretario de Planeación Adrián Mauricio Cardozo concedió licencias urbanísticas para noventa lotes que fueron subdivididos de ese predio? ¿Cómo se otorgan licencias sobre un predio que tiene una deuda de 374 millones y un proceso de cobro coactivo activo desde 2017?
Cuarta: Hay un dato que no se puede ignorar, han transcurrido más de ocho años desde que en 2017 se inició la medida cautelar sobre este predio. El Artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional establece que la acción de cobro de obligaciones fiscales prescribe en cinco años. Si no hubo interrupciones legales válidas durante ese periodo, ¿la
Alcaldía dejó prescribir su propia acción de cobro? ¿Y si eso ocurrió, quién responde por los 374 millones que se perderían?
Quinta: ¿Por qué esperaron cinco meses para denunciar, y en ningún momento informaron públicamente a los 90 compradores de esos lotes que el predio tenía una situación jurídica irregular?
Sexta: La investigación penal en la Fiscalía 30 Seccional lleva abierta desde junio de 2025. ¿En qué etapa está? ¿Hay capturados? ¿Hay imputados?
Lo sucedido deja una reflexión importante sobre la correcta aplicación de las reglas de competencia en las acciones de tutela, especialmente cuando se trata de medios de comunicación.
Mi posición es clara: no publiqué mentiras. Publiqué documentos. La certificación de la tesorera que acredita la deuda. El registro de la ORIP que muestra el levantamiento fraudulento. La respuesta de la Superintendencia de Notariado que confirma que el documento ingresó de forma irregular. La respuesta del propio municipio que admite el fraude.
Y quiero que sepan cómo obtuve esos documentos, los solicité por derecho de petición tanto a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como a la Tesorera de la Alcaldía. Ninguna de las dos entidades respondió. Tuve que interponer acciones de tutela contra ambas, y solo por orden de un juez me entregaron la información que tenían la obligación legal de darme. Es decir, las mismas entidades involucradas en este caso intentaron primero negarme el acceso a los documentos.
Lo decimos con transparencia, en el artículo del 8 de enero, hoy retirado, no incluimos que para la fecha de publicación el embargo ya había sido reinscrito. Eso es información que teníamos y que debimos haber incluido para dar el contexto completo. Eso lo corregimos hoy, aquí, en este video. Una omisión no convierte en falsos los hechos centrales: el embargo fue levantado con un documento falso. El municipio tardó meses en actuar. Se subdividió y vendió un predio durante ese tiempo.
La tutela es una acción constitucional diseñada para proteger a los ciudadanos, no un arma para silenciar a la prensa cuando esta los incomoda.
Este caso no termina aquí. Seguiré cubriendo el proceso penal en la Fiscalía. Seguiré preguntando por las licencias urbanísticas. Seguiré exigiendo respuestas sobre quién es el responsable del levantamiento fraudulento del embargo.
Si usted compró uno de los noventa lotes de La Asociación Mirador de La Villa y tiene dudas sobre su situación jurídica, tenga cuidado y busque asesoría legal.
Y a los funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal: las preguntas de este video siguen abiertas. Tienen nuestro correo. Tienen nuestro teléfono. Las puertas de El Expreso están abiertas para su versión.
Soy Álvaro William López Ossa, director de El Expreso. Esto es periodismo. Esto es interés público. Y esto no se calla.
