La reciente discusión sobre el futuro vial del Eje Cafetero ha vuelto a poner sobre la mesa un dilema histórico para los habitantes de Risaralda, Quindío y Caldas. Mientras la Cámara de Comercio del Quindío insiste ante el Ministerio de Transporte en mantener el modelo de concesión actual, persiste una profunda desconexión con el sentir de las comunidades y veedurías ciudadanas que llevan décadas soportando las cargas económicas de la región.
Limitar la interlocución gubernamental a los gremios tradicionales genera una subrepresentación del verdadero problema. Aunque la continuidad de los proyectos de infraestructura —como la doble calzada La Paila–Calarcá— es una prioridad nacional, su financiación no puede seguir recayendo de manera desproporcionada sobre los bolsillos de quienes circulan a diario por el corredor vial.
Existe una alternativa viable y equilibrada: respaldar las obras prioritarias apoyándose exclusivamente en el peaje Corozal (el cual genera ingresos significativos anuales), al tiempo que se reestructuran drásticamente los cobros entre Armenia, Pereira y Manizales. Reducir de seis a dos los peajes de este corredor y disminuir sus tarifas a la mitad no solo garantiza el mantenimiento óptimo de la vía, sino que liberaría recursos valiosos —estimados en unos 100.000 millones de pesos— para destinarlos a obras prioritarias de reconstrucción y desarrollo regional.
Es momento de explorar nuevos horizontes más allá de las iniciativas privadas tradicionales. Una región que respaldó mayoritariamente al actual presidente merece ser escuchada, reducir costos de movilidad y poner fin a treinta años de peajes excesivos. La propuesta está sobre la mesa: infraestructura moderna sí, pero con justicia social y económica para el Eje Cafetero.


