En un giro trascendental para el sector asegurador de salud en el país, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de la medida de intervención forzosa que pesaba sobre Coosalud EPS. Con esta determinación judicial, la administración de la entidad deberá ser devuelta formalmente a sus antiguos directivos y dueños, poniendo fin a un periodo de dos años bajo el control estatal. La decisión judicial se fundamenta en un riguroso análisis de los informes emitidos por organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría, los cuales evidenciaron un progresivo deterioro financiero y operativo de la EPS durante la gestión gubernamental.
La medida de control había sido impuesta inicialmente en noviembre de 2024 por el gobierno de Gustavo Petro, y posteriormente prorrogada en el mismo mes del año 2025. Sin embargo, el fallo del tribunal marca un precedente en medio de las tensiones institucionales y jurídicas que rodean las intervenciones de las EPS en el territorio nacional.
Deterioro financiero y barreras de acceso: los argumentos del fallo
Para lograr que el tribunal suspendiera la medida, la defensa de la Cooperativa Coosalud presentó contundentes elementos probatorios respaldados por entes de vigilancia. Entre las principales alertas expuestas destacaron el acelerado deterioro financiero, el incremento masivo en el aumento de quejas y tutelas por parte de los usuarios, la aparición de graves barreras de acceso a los servicios de salud y los cambios frecuentes en la dirección de la compañía durante los últimos dos años.
Tras la notificación del fallo, la administración de la organización recaerá nuevamente en manos de Jaime Miguel González Montaño, quien asumirá como representante legal presidente, y de Natalia Largo González, como suplente, restableciendo los cargos directivos que ostentaban antes de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente, el tribunal ordenó notificar formalmente a la Contraloría y a la Procuraduría para que pongan en marcha un acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica continua sobre el funcionamiento de la entidad devuelta.
Este proceso de restitución no estuvo exento de fricciones institucionales. Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Bolívar ya había emitido una orden similar en el mes de abril, la cual no pudo ser ejecutada de manera efectiva en su momento. Para aquella ocasión, el abogado Julián Quintana, defensor de la directiva, denunció públicamente desde Cartagena que el proceso de entrega se había frenado debido a una directriz interna de la Superintendencia. “El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud. Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la Superintendencia de Salud le dio la instrucción de no entregar nada”, señaló en su momento el jurista a través de su cuenta de X.
Investigaciones disciplinarias y panorama financiero de la EPS
Paralelamente al litigio por la administración de la cooperativa, la situación legal de sus directivos sigue bajo la lupa de los entes de control. El pasado 5 de agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación disciplinaria en contra del presidente Jaime González Montaño y de siete miembros de la junta directiva de Coosalud EPS.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública, el objetivo es esclarecer posibles irregularidades financieras ocurridas durante la vigencia del año 2024. Las indagaciones se centran en el análisis de operaciones financieras prohibidas por la regulación del sector salud, presuntas anomalías en los pagos a terceros, una posible concentración en la dispersión de recursos destinados a dicho rubro y la legalidad en la firma de un contrato de coworking.
A pesar de la apertura de esta indagación preliminar para recopilar pruebas y determinar si existió alguna infracción o justificación válida, el ministerio público no ha tomado ninguna decisión sancionatoria definitiva en contra de los implicados.
En el ámbito estrictamente operativo y de saneamiento de deudas, la EPS ha intentado estabilizar sus obligaciones en las regiones donde opera con mayor fuerza, como la región Caribe. Muestra de ello fue el reciente acuerdo alcanzado con 13 IPS de Antioquia para cancelar pasivos superiores a los $42.500 millones, buscando garantizar la continuidad y el restablecimiento de los servicios médicos para sus afiliados.
Con el cumplimiento de la orden judicial por parte de las autoridades y la supervisión estricta de los organismos de control, Coosalud afronta el reto de recuperar su estabilidad económica y superar la crisis institucional vivida desde finales de 2024.
