El caso de la Cooperativa Coosalud y su EPS ha escalado a uno de los episodios de presunta corrupción y mala gestión más complejos en el sector sanitario. Tras la intervención ordenada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2024, los hallazgos de los entes de control exponen una red de maniobras financieras que van desde deudas no registradas hasta el uso indebido de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos.
El velo de los pasivos ocultos
El punto más crítico de las denuncias recae sobre la administración de Jaime González, expresidente de la entidad. Según los informes de fiscalización, durante su gestión se habrían ocultado de manera sistemática pasivos de la EPS que superan los $400.000 millones de pesos.
Esta omisión en los estados contables habría enmascarado durante años el verdadero estado de insolvencia de la entidad, impidiendo la adopción oportuna de medidas correctivas y comprometiendo la red de pagos a prestadores de servicios de salud.
El millonario crédito bajo la lupa de la UIAF
A las inconsistencias contables se suma la detección de una maniobra crediticia de gran envergadura. Se trata de un crédito por $221.000 millones de pesos otorgado a la firma Coosalud Inversa, el cual contó con el respaldo y aval de la propia EPS.
No obstante, las indagaciones adelantadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) revelaron una grave anomalía en el flujo del dinero:
- Ingreso marginal: Solo una porción minoritaria de los $221.000 millones ingresó efectivamente a las arcas de la EPS.
- Desvío a terceros: El grueso del capital fue canalizado hacia operaciones con personas naturales y jurídicas ajenas al propósito de la entidad.
- Presunción de afectación: La investigación advierte que parte de estas obligaciones privadas habrían sido saldadas con recursos dirigidos originalmente a la atención médica de los afiliados.
Gastos suntuarios y tarjetas corporativas
Las denuncias sobre el descontrol administrativo se extienden también al uso de los fondos operativos diarios. Documentos en poder de los investigadores evidencian movimientos financieros mediante tarjetas de crédito corporativas en casinos y establecimientos nocturnos.
Frente a este punto, la defensa de la exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, sostiene que dichos pagos provenían de una empresa de confecciones adscrita a la cooperativa y no del rubro de salud, precisando que las irregularidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2026.
En manos de las autoridades
Mientras los entes de control avanzan en el rastreo del dinero, la Fiscalía y las superintendencias competentes recopilan el acervo probatorio para determinar la responsabilidad penal y fiscal de los exdirectivos implicados. El desafío de la justicia será esclarecer si los millonarios desvíos respondieron a una conducta sistemática y lograr la recuperación de los activos en favor del sistema sanitario.
