Las comisiones económicas del Congreso de la República continúan con el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente a la vigencia fiscal del año 2027. En medio de intensos debates entre las bancadas parlamentarias y el Gobierno nacional respecto a la asignación de los dineros públicos, se oficializó la primera ponencia para primer debate. El articulado, enmarcado en el Proyecto de Ley 152 de 2026 de la Cámara de Representantes y 111 de 2026 del Senado, mantiene formalmente el techo financiero global por un monto de $634,952 billones, cifra previamente concertada y respaldada en las instancias legislativas. Con la cifra global establecida, la discusión política y técnica ha concentrado su atención en la distribución del gasto público entre las diversas carteras institucionales, dando paso a un pliego de modificaciones con reasignaciones estratégicas entre ministerios.
El ajuste de mayor envergadura económica dentro del pliego modificado consiste en la transferencia directa de $2 billones provenientes del sector de Hacienda y Crédito Público con destino al sector de Salud y Protección Social. Este movimiento presupuestal busca robustecer el aseguramiento y la red asistencial del país. Adicionalmente, el documento incorpora un conjunto de adiciones financieras focalizadas en responder a las demandas presupuestales de entidades clave. Entre estas adiciones sobresale un incremento de $321.000 millones para el sector del Deporte, así como asignaciones complementarias de $150.000 millones para el Ministerio de Educación Nacional, $120.000 millones para la Rama Judicial y $100.000 millones dirigidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual forma, el Ministerio del Interior registró una adición de $80.000 millones, mientras que al sector Agropecuario se le asignaron $50.000 millones adicionales. En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) obtuvo un incremento de $38.832 millones y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recibió $10.000 millones para fortalecer su operatividad territorial.
Ajustes en las partidas ministeriales y financiamiento del gasto público
Para dar sostenibilidad a los nuevos rubros aprobados sin sobrepasar el monto global autorizado, la ponencia contempló reducciones en las apropiaciones de variadas dependencias. El recorte más abultado se aplicó a la partida asignada al Servicio de la Deuda Pública, la cual experimentó un ajuste a la baja de $468.221 millones. Igualmente, los recursos asignados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sufrieron un descuento de $275.524 millones. Otras áreas del Gobierno central también cedieron partidas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) registró una reducción de $55.000 millones, al tiempo que al Ministerio de Transporte se le restaron $41.111 millones. Adicionalmente, se recortaron $20.000 millones al sector de Información Estadística y otros $10.000 millones al Ministerio de Minas y Energía.
A nivel de la administración central, el Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una asignación consolidada para la Presidencia de la República de $717.388 millones, repartidos en $543.344 millones para gastos de funcionamiento y $174.044 millones para inversión directa. Al interior del sector de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) dispondrá de un presupuesto total de $323.016 millones, de los cuales $269.837 millones corresponden a funcionamiento operativo. Por su parte, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia manejará $120.596 millones, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tendrá un presupuesto asignado de $135.034 millones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contará con $101.442 millones y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dispondrá de $37.300 millones para ejecutar sus iniciativas institucionales.
En lo que concierne al área de la inclusión social y la infraestructura, el Departamento administrativo para la Prosperidad Social administrará un presupuesto total de $10,72 billones, destinando la suma de $10,34 billones a la ejecución de programas de inversión social en las regiones más vulnerables. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contará con un techo de $3,68 billones, de los cuales $3,07 billones irán orientados al desarrollo de soluciones habitacionales y saneamiento básico. En materia ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dispondrá de $1,36 billones, reservando $920.000 millones para la inversión en conservación y sostenibilidad ecológica.
Asignaciones a organismos de control e instituciones autónomas
El esquema presupuestal detalla con precisión las partidas para el funcionamiento e inversión de los organismos de control y las altas cortes. La Fiscalía General de la Nación recibirá un presupuesto total de $6,14 billones, concentrando la amplia mayoría en gastos de funcionamiento con un valor de $6,02 billones. La Contraloría General de la República operará con un monto de $1,81 billones, la Procuraduría General de la Nación ejecutará $1,67 billones y la Defensoría del Pueblo contará con una asignación de $1,48 billones. De forma paralela, la Corte Constitucional administrará un presupuesto de $55.075 millones, la Corte Suprema de Justicia dispondrá de $267.456 millones, el Consejo de Estado tendrá $173.805 millones y el Consejo Superior de la Judicatura manejará un presupuesto operativo e institucional de $130.687 millones.
Finalmente, las instituciones enfocadas en la consolidación de la paz y la memoria histórica dispondrán de apropiaciones específicas dentro del presupuesto nacional. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ejecutará $2,39 billones, dirigiendo $2,21 billones directamente a proyectos de inversión social. Por su parte, el Instituto de la Memoria Histórica administrará $43.328 millones y la Agencia de Renovación del Territorio contará con un presupuesto global de $620.598 millones para impulsar obras en zonas PDET. Con la presentación formal de este informe y la consolidación del pliego de modificaciones sectoriales, las comisiones económicas conjuntas darán paso a las votaciones definitivas de este articulado, determinando la ruta financiera que regirá las finanzas públicas colombianas durante el año 2027.
