En una acción coordinada sin precedentes recientes, las fuerzas de seguridad e instancias judiciales de Turquía llevaron a cabo un despliegue nacional contra el colectivo LGBT+. La operación, enmarcada por el gobierno en una agenda de protección de valores tradicionales, resultó en la detención de decenas de activistas, el registro de sedes de organizaciones civiles y el cateo a múltiples establecimientos nocturnos y locales comerciales en 15 provincias del país.
El anuncio fue hecho oficial por el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, a través de un comunicado difundido en la red social X. De acuerdo con la información brindada por el funcionario, las autoridades abrieron procesos judiciales contra un total de 162 personas, nueve asociaciones sin ánimo de lucro y 13 negocios comerciales.
Un operativo simultáneo motivado por la «protección familiar»
Las intervenciones policiales se ejecutaron de manera simultánea durante las primeras horas de la madrugada en diversos puntos estratégicos del país, afectando a grandes metrópolis como Estambul, Ankara, Izmir, Aydın y Mersin. Las acciones judiciales y policiales fueron bautizadas oficialmente con el nombre de operación «Mi familia está segura», una iniciativa alineada con el programa gubernamental denominado “Década de la Familia”, promovido por la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Según las declaraciones vertidas por el ministro Gürlek, la finalidad central de estos procedimientos es «proteger a los niños, la institución familiar y el orden público» frente a supuestas conductas inapropiadas o ilícitas.
Entre los inmuebles intervenidos figura la sede principal de KAOS GL en Ankara, una de las organizaciones en defensa de los derechos LGBT+ más antiguas de Turquía, fundada originalmente en 1894. Paralelamente, los agentes irrumpieron en discotecas, bares gay y salones de masaje del céntrico distrito de Estambul. En el plano digital, el Ejecutivo procedió al bloqueo de las cuentas institucionales y personales en redes sociales de diversos activistas y organizaciones, afectando de igual manera los perfiles oficiales de KAOS GL.
Asimismo, el Ministerio de Justicia señaló que se encuentra investigando la presunta financiación procedente de organismos extranjeros recibida por varias de las agrupaciones pro-derechos intervenidas.
Controversia por la cifra de detenidos y acusaciones cruzadas
A pesar de las cifras institucionales difundidas por la fiscalía y el Ministerio de Justicia sobre los procesos penales aperturados, el Gobierno turco no ha facilitado un balance oficial exacto sobre el número de personas físicamente aprehendidas durante los operativos. Por su parte, la asociación KAOS GL informó inicialmente que al menos «más de una decena» de sus miembros fueron arrestados directamente en sus domicilios particulares. Horas más tarde, la propia organización elevó las estimaciones de afectados a cerca de 50 personas, contabilizando entre detenidos, interrogados y procesados judicialmente.
Las reacciones por parte de la sociedad civil y los colectivos defensores de los derechos humanos no se hicieron esperar. Mientras el Gobierno encuadra las intervenciones dentro de investigaciones por «obscenidad», prostitución, drogas o supuesta «organización criminal», agrupaciones como la Asociación de Derechos Humanos (İHD) denunciaron abiertamente que las maniobras corresponden a «una operación política».
Según el pronunciamiento emitido por la İHD, el objetivo de la administración estatal es Imponer «un modelo familiar monolítico» y ejecutar una depuración sistemática de la sociedad civil independiente. Los activistas aseguran que las imputaciones formuladas por las autoridades buscan criminalizar e incriminar la labor pacífica de defensa de los derechos de las minorías sexuales.
El contexto histórico y la creciente polarización en Turquía
En el terreno legal, la homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, cuando el Imperio Otomano despenalizó las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. De igual manera, el ordenamiento jurídico turco permite el cambio de sexo en el registro civil tras someterse a intervenciones quirúrgicas.
Sin embargo, el clima social y político ha experimentado un severo deterioro en la última década. Desde la llegada al poder del partido islamista AKP en el año 2002, el gobierno mantuvo inicialmente una postura de relativa tolerancia hacia ciertas expresiones cívicas, permitiendo incluso la realización multitudinaria de la Marcha del Orgullo LGBT en Estambul. No obstante, a partir del año 2015 el evento fue prohibido de forma permanente, argumentando motivos de seguridad y orden público.
Desde entonces, el discurso gubernamental se ha endurecido progresivamente, catalogando frecuentemente la diversidad sexual bajo conceptos de «amoralidad» u «obscenidad». Previo a los acontecimientos de esta semana, el Gobierno ya había implementado medidas restrictivas durante el verano, tales como el cierre de establecimientos emblemáticos en Estambul, el bloqueo recurrente de cuentas digitales de activistas y la negación de permisos de atraque a dos cruceros turísticos internacionales dirigidos al público LGBT+. Esta escalada de redadas se produce además en la antesala de un nuevo ciclo electoral, reforzando la postura conservadora del partido de gobierno.
